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El presidente de TODOS, Alberto Fernández, anunció la intervención y expropiación de una de las empresas que se transformó en símbolo de la corrupción por dádiva del gobierno radical/macrista en Cambiemos: Vicentín. Se enviará un proyecto al Congreso para su expropiación. El gobierno garantiza todos los puestos de trabajo y la relación con los casi tres productores. Será declarada como empresa de utilidad pública y se creará un fondo fiduciario que operará bajo la órbita de YPF-Agro. Su interventor será Gabriel Delgado.
La empresa alimentaria Vicentín, que se encuentra en concurso de quiebra, luego de recibir por parte del gobierno radical/macrista de Cambiemos, un préstamo de más de $18.370 millones de pesos del Banco Nación bajo la gestión de Javier González Fraga, será intervenida y expropiada por el Gobierno nacional, que aseguró mantener todos los puestos de trabajo.
Acompañado por el ministro de la Producción, Matías Kulfas, la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti y el próximo y flamante interventor, el economista Gabriel Delgado, el jefe de Estado precisó que en las próximas se publicará el DNU de su intervención, a la vez que será enviado un proyecto de expropiación al Congreso Nacional.
El 10 de febrero pasado, la firma le solicitó a la justicia el concurso preventivo, lo que iba a ser aprobado a principios de marzo por el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista.
Desde la empresa Vicentín, solicitaron la convocatoria de acreedores para frenar los pedidos de quiebra que la amenazaban.
Hacia finales de mayo, la empresa anunció que licenciaría en el plazo de 10 días a sus 800 operarios y no descartó posibles despidos, por lo que los anuncios irían además a fomentar «la paz social y la estabilidad laboral con los gremios» del sector.
En enero, el Banco Nación analizó el fiananciamiento otorgado a la cerealera durante la gestión del macrismo, al que consideró de «maniobra fraudulenta en complicidad con la anterior conducción del país y de la institución» y determinó que los ingresos de la compañía no justificaban «la crisis financiera alegada».
