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La cifra de feminicidios es un 10% superior a la del primer mes del año pasado.
Juana Carolina Britez Rojas, una vendedora paraguaya de 34 años y embarazada de cinco meses, murió este jueves después de agonizar 12 días en un hospital de Argentina por las quemaduras ocasionadas por su marido, quien la roció con gasolina y la prendió fuego. Valeria Coppa, enfermera de 40 años, recibió un disparo en la cabeza el martes a plena luz del día a manos de su expareja en la ciudad patagónica de Bariloche. El cadáver de la odontóloga Gissella Solís Calle, de 47 años, permaneció dos semanas enterrado junto a una carretera hasta ser localizado hace dos días. Son las últimas tres víctimas de los 22 feminicidios registrados en Argentina en el primer mes de 2019, un 10% más que un año antes.
La erradicación de la violencia de género se ha convertido en demanda recurrente de la sociedad argentina desde el 3 de junio de 2015, cuando cientos de miles de personas salieron a la calle por primera vez contra los feminicidiosbajo el lema Ni Una Menos. Desde entonces, el Gobierno comenzó a publicar cifras oficiales y aprobó leyes para formar y sensibilizar a funcionarios públicos y dar una reparación económica a los hijos de víctimas de violencia de género, pero los asesinatos de mujeres no han cesado.
En 2017, último año con datos oficiales, fueron asesinadas 292 mujeres, según la Defensoría del pueblo. En promedio, una cada 30 horas. El colectivo Ni Una Menos ha convocado para este viernes a una movilización en el centro de Buenos Aires para exigir al Estado «respuestas políticas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas».
«Sólo el 16% (de las mujeres asesinadas) hicieron una denuncia o se acercaron a buscar acompañamiento y algunas no lo comentaron siquiera con su familia. Eso tiene una explicación: las mujeres no confían en la justicia ni confían en sentirse acompañadas», dice Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro, la primera organización que comenzó a publicar estadísticas sobre feminicidios, hace once años.
Rico pone como ejemplo el botón antipánico que la Justicia entrega a las mujeres que han denunciado por violencia a sus parejas o exparejas. «Con el botón antipánico la responsabilidad recae en la mujer. Pedimos que se activen las tobilleras electrónicas para que el que esté controlado sea el agresor, no que las mujeres tengan que llamar si se acerca a ellas».
Las organizaciones de mujeres exigen mayor presupuesto para acompañar a las víctimas de violencia y formación específica para el personal policial y judicial que las atiende, pero también garantizar que se cumplan las leyes pensadas para avanzar hacia la igualdad.
«¿Si la ESI (ley de Educación sexual integral) no se aplica, entonces cómo va a haber cambio cultural? Es importante incorporar la perspectiva de género desde la niñez. Capacitar a profesores y profesoras para modificar la conducta que coloca al varón en el lugar de poder y a la mujer en el de sumisión», señala Rico. Campañas como la de Unicef contra los noviazgos violentos buscan también ayudar a detectar los primeros signos de la violencia.
«Cuando una mujer se empodera lo va a transmitir y va a comenzar una relación desde otro lugar. Es cierto que siempre comenzamos nosotras porque somos a las que oprimen y los varones no es no van a abandonar sin más sus privilegios, pero los más jóvenes están cambiando», señala la titular de la Casa del Encuentro, quien advierte que el cambio cultural no ocurrirá «en dos, tres, cuatro ni cinco años».
Fuente: El Pais.com
