Avanzan proyectos oficialistas que favorece a empresas nacionales en licitaciones públicas y que establece un Salario Básico Universal

Un plenario de comisiones comenzó a debatir la iniciativa que fue enviada por el Gobierno en diciembre pasado. Estiman que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros. A su vez, Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron este martes un proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal (SBU) que garantice la protección social de todos los trabajadores y «eliminar la indigencia», en línea con el Programa de 27 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores-CGT (ver al final de la nota).

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes el proyecto de ley de Compre Argentino enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado y que busca mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas.

El proyecto, enviado en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo, comenzará a debatirse desde este martes a partir de las 13 en un plenario de las comisiones de Industria, que preside Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros.

Por otra parte, el proyecto eleva las preferencias de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales de un 15% a un 20%, en tanto que las demás pasan del 8% al 15%.

La iniciativa contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son mipymes.

La iniciativa amplía el alcance de la ley vigente al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.

A través del proyecto, se desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan.

Asimismo, la ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre Argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.

Por un Salario Básico Universal

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron este martes un proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal (SBU) que garantice la protección social de todos los trabajadores y «eliminar la indigencia».

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, más el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros.

Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal, al sostener que el proyecto busca «eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora».

Si bien dijo que la iniciativa demandará «un monto significativo» en materia fiscal, «este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo», y sostuvo que se trata de una propuesta «complementaria» con el desarrollo del mundo del trabajo.

En tanto, el santafesino Martínez respaldó el proyecto, subrayó que «las propuestas siempre enriquecen el debate» y dijo que la iniciativa va en línea con lo que plantea el presidente Alberto Fernández «sobre la producción y el trabajo».

PROGRAMA DE LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES – CGT

27 PUNTOS 

Los trabajadores reclamamos:

EN EL CORTO PLAZO:

1) Declaración de la emergencia social y ocupacional garantizando un ingreso salarial básico universal a todos los Trabajadores/trabajadoras con o sin empleo. En el caso de los trabajadores registrados ese concepto integrará los sueldos básicos de cada actividad.

Se prohíben los despidos por un plazo de 180 días. En ese plazo se constituirá un Registro Nacional Único de Trabajadores en el que constarán tanto las capacidades como los antecedentes laborales de cada trabajador.

Este será el eje de ampliación de los actuales programas sociales existentes.

2) Inmediatas medidas de protección del trabajo nacional. Se suspenden las importaciones de todos los productos que puedan producirse en el país. Libre funcionamiento de las paritarias y preservación del poder adquisitivo de Salarios y Jubilaciones, mejoramiento de la exención del IVA a los sectores más desprotegidos y eliminación del impuesto al salario con el fin de reactivar el mercado interno garantizando la demanda necesaria a la producción nacional.

Protección del trabajo argentino: “La propiedad intelectual creada por los trabajadores argentinos es integrante esencial del proceso de producción de bienes y servicios y debe ser protegida como parte del patrimonio nacional y de los derechos laborales”.

3) Remoción de las imperfecciones en la formación de precios. El Estado establecerá los valores de referencia a partir de los cuales se ordenan los integrantes de cada etapa en las cadenas de valor. En forma urgente se adoptará un programa de precios de productos y servicios básicos incluyendo alimentos, energía/ combustibles en todas sus formas, transporte y servicios inancieros.

Se perfeccionará un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio incorporando según corresponda a las organizaciones sindicales y a representantes de la CGT. Reforma del Mercado Central, y creación de Mercados Municipales, en los que se comercien los bienes de consumo al mismo precio que en el primero.

4) Reapropiación y control estatal de los recursos estratégicos y los servicios públicos. Como ser petróleo, gas y otros derivados, otros minerales de valor estratégico, en el caso de los primeros, distribución de gas, energía eléctrica, agua, en el caso de los segundos que son esenciales y declarados como Derechos Humanos, garantizando inversión y tarifa socialmente justa.

5) Se instituirá una Junta de granos y productos regionales que obligue a liquidar las cosechas percibiendo el precio internacional más el incentivo de una prima del 10% pago por la Junta en un plazo no mayor de 90 días de su producción para la inmediata exportación. Existirá la opción de que puedan comercializar su producción con los pools privados en el mismo plazo.

Esto con el fin de que el acopio deje de ser un instrumento de presión sobre las cuentas externas condicionando al conjunto de la economía y de garantizar mayor disponibilidad de divisas en el Banco Central.

6) Acuerdo multisectorial, en un plazo de 90 días, sobre un Plan de Desarrollo de mediano y largo plazo.

ESTE PLAN DEBE INVOLUCRAR

7) Reforma Financiera, confirmando el carácter de servicio público de la actividad financiera orientándola al respaldo de la producción y de las familias, sustitución de la actual Ley de Entidades Financieras, por una Ley de Servicios Financieros que determine también un esquema de Banca de Desarrollo y el rol del Banco Central como agente financiero del Gobierno Nacional y supervisor de toda la actividad financiera bancaria o no bancaria, de regular las tasas de interés y determinar el volumen de los préstamos que la banca privada debe orientar al desarrollo productivo.

8) Desendeudamiento externo como base para la consolidación de un proyecto de desarrollo autónomo.

9) Reforma tributaria que relacione razonablemente los impuestos con los ingresos y la rentabilidad, garantizando el financiamiento del Estado y al mismo tiempo corrija el carácter regresivo de la actual carga impositiva. El sistema tributario debe ganar en progresividad, incrementando los gravámenes sobre los sectores de altos ingresos y ampliar la masa tributaria de modo de poder reemplazar las alícuotas de impuestos regresivos como el IVA y estableciendo un mecanismo automático para modificar la base del impuesto a las ganancias en función de la evolución de los precios internos exceptuando de su pago a los ingresos que tengan carácter alimentario y a los salarios establecidos por los convenios colectivos de trabajo, incrementando los tributos a la actividad rentística, financiera y minera. Nadie en la Argentina podrá eludir sus obligaciones tributarias, los jueces incluidos.

10) Legislación antimonopólica y antioligopólica efectiva. En este sentido se alentará la formación de cooperativas de productores para competir con los oligopolios que producen los bienes que encarecen artificialmente los bienes finales como los plásticos, hojalata, envases de cartón, vidrio, así como para ofrecerse como alternativa la red de supermercados que actúan en forma pro alcista en relación a los precios.

11) Protección de la Industria Nacional. Reconstrucción de la cadena de valor en todas las ramas priorizando aquellas que nos permitan sustituir importaciones. Promoción de la pequeña y mediana empresa, del sector cooperativo y de la economía popular.

12) Nueva ley de Inversiones Extranjeras que ofrezca seguridad jurídica al capital, pero que al mismo tiempo, determine claramente su compromiso con los objetivos de desarrollo.

13) Administración del tipo de cambio y fuga de capitales. Todo proceso de Desarrollo Nacional debe tener en cuenta que el tránsito hacia una economía más industrial y autocentrada, debe tener como uno de los pilares de política, la administración del tipo de cambio para evitar el mal uso de las divisas o la fuga hacia actividades o bienes suntuarios. En tal sentido se hace necesario, por un lado, la mayor injerencia del Estado sobre los ingresos (Juntas) y egresos (control de importaciones) de divisas producto del comercio internacional y, por otro, afianzar los mecanismos de control sobre el sistema financiero a través de todas las instituciones regulatorias sobre los flujos de capitales (BCRA, CNV, UIF, SSN).

14) Federalismo Solidario, con promoción de las economías y sociedades regionales.

15) Plan Integral de Transporte con objetivos y metas físicas de mediano plazo a obtener en materia ferroviaria, caminera, aérea y fluvial. Este plan incluirá el pleno aprovechamiento de la infraestructura existente, incluyendo la rehabilitación de antiguos talleres para generar parques de empresas vinculadas con la tecnología que hoy exige una red ferroviaria y la sustitución de importaciones de rieles e insumos principales para la fabricación de material rodante.

16) Plan Energético, que genere sinergias entre las nuevas usinas atómicas a desarrollar en Atucha (dos nuevas a largo plazo) y otra nueva en Río Tercero, sumando las nuevas obras hidroeléctricas en curso y el pleno aprovechamiento de la energía eólica y solar.

17) Desarrollo de los recursos hídricos ampliando las zonas bajo riego, con generación de demanda a la industria nacional.

18) Educación pública de calidad, garantizando progresivamente la jornada completa en los niveles inicial, primario y nivel secundario, y el acceso a los estudios universitarios sin discriminaciones.

19) Acceso a Tierra, Techo, Trabajo, garantizando el derecho a la vivienda propia y a la materialización de las capacidades de cada persona.

20) Sistema de Seguridad Social, desarrollo que garantice a los adultos mayores y a la población vulnerable, el acceso a ingresos que garanticen una vida digna, incluyéndolos socialmente. Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

21) Asistencia a la salud para todos, integrando y coordinando a los tres subsistemas existentes estatal, solidario y privado, desarrollando la farmacopea argentina.

CONTEMPORANEAMENTE PROMOVER

22) La defensa del modelo sindical argentino como base y sustento de un Proyecto Nacional y Popular.

23) Reforma Constitucional, recogiendo los antecedentes del constitucionalismo social (Constitución de 1949 y Art. 14 bis reforma de 1994), los pactos y protocolos de Derechos Humanos, estableciendo la reforma del Estado para garantizar su eficacia y eficiencia, la democratización del poder judicial, un sistema electoral participativo y seguro, la función social de la propiedad y el capital, y el compromiso con la integración económica y social suramericana.

24) Un orden mundial multipolar. Priorizando la integración socioeconómica regional y la consolidación de los organismos de coordinación con los pueblos hermanos como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, para realizar objetivos estratégicos como la creación de un Banco Regional y la recuperación de nuestras Malvinas. Desde esa política multiplicar y diversificar acuerdos con mutuo beneficio entre bloques regionales e integrar Bloques como el BRICS orientados a limitar las ambiciones colonialistas de naciones o bloques pro hegemónicos.

25) Nuevas relaciones de producción y un paradigma empresario coherente con el interés nacional y social. Fortalecimiento de un sector de propiedad social dinámico, como las Cooperativas, productivo y al mismo tiempo solidario.

26) Medios de comunicación sin fines de lucro y con respaldo estatal vinculados con las organizaciones sociales, los sindicatos y de la comunidad, para que todos los sectores de la sociedad puedan informarse y expresarse a través de los medios de comunicación.

Nuestra fortaleza radica en la Unidad, la Solidaridad y la Organización del Movimiento Obrero. Por ello reivindicamos la unidad de los trabajadores en una única CGT. Pero exigimos una unidad cimentada en un Programa común de salvación nacional y rechazamos cualquier componenda a espaldas de los trabajadores. Que nadie lo dude, esta Corriente Federal de Trabajadores encarna el compromiso, la vocación de lucha y el sacrificio de todos los mártires del movimiento obrero argentino.

27) Vivas, libres e iguales nos queremos. Se requieren políticas públicas (de los tres Poderes del Estado) destinadas a: I) eliminar todo tipo o modalidad de violencia, tanto simbólica como física, hacia la mujer y II) eliminar cualquier motivo que obstaculice o discrimine a la mujer en el ámbito social, económico, laboral, cultural y/o político. Abordar la prevención y concientización social en ambos aspectos.

Entendiendo desde un sentido transversal la perspectiva de género, este programa en su totalidad será siempre entendido, interpretado y aplicado con dicha visión.