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Por Maximiliano Borches. Con la intensión de imponer una fuerte devaluación que licue salarios y transforme la mano de obra en excesivamente barata, para sentar las bases de un nuevo ajuste que ya está planeado en las oficinas de la alianza macrista/radical/neolibertaria, la presión devaluatoria, enmarcado en el golpe de mercado ya lleva cinco semanas, y se profundizó en estas últimas horas. Las posibles salidas si el Gobierno se decide a ponerse los pantalones y defender los intereses de las mayorías populares.
En estos días de brusca tensión política, económica y mediática -que busca generar psicosis y descreimiento en la población con el objetivo de generar un fuerte sentimiento antipolítico, que hábilmente siempre es explotado por el neoliberalismo para atacar gobiernos nacionales y populares-, estamos presenciando una fuerte presión sobre el mercado cambiario, que busca imponer una fuerte devaluación. El golpe de mercado lo llevan adelante prácticamente los mismos sectores que fugaron capitales durante la gestión de la alianza macrista/radical/lilito; exportadores, importadores, bancos y grandes empresas, cada uno por su lado, desarrollan su propia política cambiaria, buscando el mayor beneficio posible, que siente las bases para un profundo ajuste, que quedaría a cargo de imponer un gobierno aliado a sus intereses (léase: Macri, Larreta, Morales, Manes)
Los sectores económicos que presionan sobre el mercado cambiario, no quieren saber nada con que se los intente controlar. Consideran que en un país con la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza, la acción de su comportamiento es “un ataque a la propiedad privada”.
Extorsión, especulación y presión devaluatorio
En días donde el precio del dólar ilegal alcanza valores astronómicos, demostrando que la especulación y el golpe de mercado no tiene techo, se supo que los exportadores de cereales retienen unas 29 millones de toneladas que equivales más de USD 14 mil millones, aún sin liquidar, para presionar por la quita total de retenciones, y mayores ganancias a las ya obtenidas en los últimos tiempos pospandémicos y de guerra ucraniana.
En este sentido, desde el Gobierno nacional afirmaron que trabajan en mecanismos para acelerar la liquidación, y por ahora descartan que eso redunde en una baja en las retenciones. Lo llamativo de estas maniobras especulativas, es que se están dando cuando los valores de los granos en Chicago están yendo a la baja, luego de meses en los que hubo precios récord.
«Hay entre 28 y 29 millones de toneladas, que a precio de exportación representan cerca 14.000 millones de dólares», dijo Gustavo Idígoras en declaraciones radiales. Y agregó que “hay una situación bastante preocupante en el término del ritmo de venta de soja. Estamos en uno de los ritmos más bajos de los últimos 20 años y hasta menor al 2008 cuando fue la crisis de la 125″. En ese contexto, destacó además que eso se da, incluso, cuando los precios de los commodities están volviendo a los niveles previos a la guerra en Ucrania. Esto quiere decir que, aún a riesgo de que el producto se siga desvalorizando estando guardado, apuestan más a recomponer ingresos por un tipo de cambio mejor que ante el riesgo de perder por el valor internacional. Y es ahí donde piden que se les bajen retenciones para soltar los granos.
Al día de hoy (21/07/2022) tendrían que haber entrado más de 4.500 camiones y entraron solamente 2.500, y la mayoría de maíz, cuando el mayor flujo debería ser de soja.
Ley de Abastecimiento
Por lo demás, es responsabilidad política del Gobierno nacional frenar estos intentos devaluatorios, con políticas económicas que prioricen intereses de las mayorías, y pongan freno a la especulación y la remarcación de precios, como por ejemplo la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
¿Qué es la Ley de Abastecimiento?
La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno controlar a los formadores de precios. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.
La modificación del año 2014 de esta Ley, excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. Originalmente, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijan multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.
Si el Gobierno no utiliza las herramientas que tiene para frenar la especulación ejercida por formadores de precios de alimentos, y no comienza en serio a combatir la inflación, no solo el peronismo perderá en 2023, sino que se habilitará una etapa de profundos retrocesos de derechos y fuertes ajustes salariales, sociales y económicos, que llevará adelante la alianza macrista/radical/neolibertaria – indistintamente de quien vaya a encabezarla- y que avanza políticamente a partir de los errores y/o incapacidades del oficialismo.
Ver:
Con información de Télam, P/12, ámbito.com y El Cronista.
