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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se defenderá de las acusaciones en su contra por la causa «Vialidad» el próximo 23 de septiembre, después de que la Fiscalía pidiera hasta 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La noticia se da a conocer unas semanas después de que el fiscal Diego Luciani expusiera sus argumentos en el caso, sosteniendo que la actual Vicepresidenta desvió contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz hacia empresarios allegados, destacándose la figura de Lázaro Báez. Esto, según el funcionario judicial, habría ocurrido cuando el kirchnerismo gobernó el país, entre 2003 y 2015.
Posteriormente, Kirchner denunció públicamente que fiscales y jueces participantes del caso tendrían vínculos con el expresidente Mauricio Macri: difundió fotos donde se los muestra compartiendo una jornada de fútbol en una quinta del dirigente opositor. Por ello, pidió la recusación de los señalados, pero su planteo fue rechazado por la Justicia Federal.
La defensa pública de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner ya había hecho una larga exposición pública para desmentir las acusaciones, porque los magistrados le habían rechazado la posibilidad de ampliar sus argumentos dentro del juicio.
En ese contexto, miles de militantes pasaron varias jornadas de vigilia junto a la casa de la líder peronista en el barrio de Recoleta para expresarle su apoyo, donde se registraron incidentes con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que puso un vallado en la zona.
Finalmente, concluyó con el intento de magnicidio del 1 de septiembre: cuando Kirchner saludaba a sus simpatizantes, un hombre llamado Fernando Sabag Montiel se acercó a la expresidenta y le puso un arma junto a su cara, intentó dispararle, pero falló.
Con ese marco, se espera que la acusada realice una larga exposición. Esto, mientras importantes líderes progresistas de distintas partes del mundo señalan que la acusación es parte del ‘Lawfare’, un posible entramado judicial, político y mediático para detener y proscribir a dirigentes de centroizquierda en América Latina, como pasó con las sentencias contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador.
