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Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el oficialismo logró media sanción del proyecto tras 15 horas de debate. Ahora será remitido al Senado. La oposición impuso su número para rechazar el artículo del pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Tras una sesión maratónica que comenzó al mediodía y terminó en la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados que preside Cecilia Moreau, aprobó el proyecto de Presupuesto 2023. Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, la iniciativa logró media sanción y ahora se espera sea remitida al Senado.
El proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.
Presupuesto 2023: cómo fue la maratónica sesión
La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
La iniciativa fue aprobada alrededor de las 5:13 de la madrugada, con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa. Dos de los puntos que generaron mayor debate fueron la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alicuotas de retenciones agropecuarias.
Presupuesto 2023: inflación
Un punto clave está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
Deuda con Cammesa y precios del transporte
Las provincias volverán a esquilmar, como siempre -y sin importar el signo político- a cualquier gestión nacional. Por caso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.
En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Ayer, el tigrense avanzó con una solución provisoria para desactivar paros varios por la situación del último trimestre del corriente año.
Está vigente el pedido de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca, para que los viajes aéreos sean más caros y que una tasa nueva sea direccionada a fondear la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En comparación con la iniciativa original, el oficialismo aumentó las partidas por más de $320.000 millones. De allí la disputa por Ganancias en el Poder Judicial, que significarían -según el oficialismo- $237.000 millones. También se subirán impuestos internos para sostener el cada vez más discutido régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.
El debate en el recinto
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo: «El crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan».
El oficialista y representante de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, remarcó: «Este es un Presupuesto que marca el crecimiento de la Argentina, ese era uno de los desafíos. El otro era crear empleos y bajar la inflación hacia 2023. Proyectamos un déficit fiscal del 1,9% y una disminución gradual de la emisión monetaria».
«No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto. Hemos logrado hasta aquí un dictamen de mayoría que entendemos superador y adecuado a los tiempos. Instamos al honorable cuerpo a acompañarnos para tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023», reclamó.
Desde Juntos por el Cambio, el legislador y economista Luciano Laspina expresó que «este Presupuesto se queda a mitad de camino». A su criterio, «no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado«.
Destacó también, de forma irónica, que «en el marco de una crisis económica y social solo comparable a 2001 y 2002 recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público». Además agregó: «Es una derrota ideológica para el oficialismo y es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin teorías indefendibles», lanzó el santafesino que habló de un «final de ciclo».
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