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El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9, Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva rechazó la inhibitoria que le fuera planteada desde los tribunales de Comodoro Py para que pase a suelo porteño la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido que hicieran jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín, informaron fuentes judiciales.
El magistrado decidió «no hacer lugar» a la solicitud del Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de la Capital Federal tras señalar que, al menos por el momento, corresponde que la causa siga tramitando en Bariloche, donde se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no había ocurrido en los tribunales porteños a la hora de reclamar la causa.
El juez Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas.
El magistrado que subroga el juzgado de Bariloche remarcó que allí se posee más cercanía con las pruebas que pudieran ser necesarias para la investigación, dado que está más próximo al lugar en el cual se hospedaron los imputados.
El magistrado remarcó que, de desprenderse del expediente, podría entorpecerse la producción y profundización de ciertas medidas de prueba en curso, a partir de las cuales se busca esclarecer, entre otras cosas, si el oferente de los supuestos beneficios indebidos a los funcionarios públicos fue el dueño de la estancia Lago Escondido, Joseph Lewis.
El traslado de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, que ahora quedó en suspenso, había sido ordenado por la Cámara Federal porteña a través de un fallo del camarista Eduardo Farah, quien sostuvo que «todos los agentes públicos que se mencionaron (en la denuncia) ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad«, en referencia al distrito porteño.
En su respuesta, el juez de Bariloche consignó que entre los investigados hay un juez de la Cámara Federal de Casación Penal que posee competencia sobre todas las circunscripciones federales del país.
Villanueva remitió su réplica a su par porteño Sebastián Ramos quien, de considerarla oportuna, deberá remitirla a la Cámara Federal porteña para que ese tribunal determine si traba una cuestión de competencia: en tal caso, intervendrá la Cámara Federal de Casación Penal.
El planteo de inhibitoria que originó aquel fallo del tribunal de apelaciones porteño había sido presentado por la defensa del magistrado del fuero Penal Económico Pablo Yadarola, uno de los investigados en la causa.
El planteo fue, primero, rechazado por el juez Sebastián Ramos, y luego le hizo lugar el camarista Farah, tras un dictamen favorable del fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe.
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
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