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Así lo dispuso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, quien aseguró que se demostraron «un cúmulo de irregularidades tremendas».
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, aseguró este miércoles que se demostraron «un cúmulo de irregularidades tremendas» en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que presidía la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y realizó duras críticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una «muestra más de la impunidad» con la que se manejan.
«Es una muestra más de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores», criticó Soria en declaraciones a radio 10.
En este contexto, el Gobierno dispuso la intervención por 180 días hábiles del IEES con sede social en la ciudad de Buenos Aires luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar.
El ministro aseguró que «se demostró en esta investigación un cúmulo de irregularidades tremendas» en el funcionamiento de esta asociación civil donde «se estructuró todo un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar en un todo o en parte acciones de proselitismo político».
«Armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o el fortalecimientos de la justicia, pero en realidad hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Algo totalmente prohibido para una asociación civil sin fines de lucro», describió Soria.
Además, dijo que se «registro un enriquecimiento exponencial de los ingresos y egresos del instituto» donde pasaron «en tan solo meses de no tener fondos para los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».
«A los republicanos les encanta hacer política con plata en negro. No hablemos del (diputado José Luis) Espert a quien alguna vez (el auditor general de la Nación, Miguel Ángel) Pichetto lo denunció por utilizar aviones de personas que estaban investigadas por narcotráfico. Hoy integran prácticamente el mismo espacio. Siempre a estos fachos les gustan estas cosas», fustigó.
También sostuvo que en la organización civil «figuran pagos de facturas telefónicas que están vinculadas a líneas registradas bajo el partido Unión por la Libertad» y pagos a consultores políticos e integrante del equipo de Bullrich como el diputado nacional Gerardo Millman.
«Era la cueva desde donde apretaban gente cuando fueron sorprendidos Millman y compañía», sostuvo en referencia a las asesoras del diputado que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando Millman se habría referido al intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera.
Soria agregó que en la investigación, la IGJ también detectó «el pago de un viaje con fondos de este instituto por más de 1.700.000 pesos» a una empresa de turismo desde donde Bullrich viajó al exterior para lanzar su candidatura y que «debían todos los estados contables desde el año 2019», entre otras irregularidades.
