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El ajuste sin represión no cierra. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que «si se toma la calle va a haber consecuencias», al presentar «un protocolo para el mantenimiento del orden público» que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Bullrich anunció que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública.
«Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.
«Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», agregó.
Uno por uno, los puntos del protocolo antipiquetes anunciado por Bullrich
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No más vías alternativas de tránsito durante los cortes
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Intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal
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Creación de un registro de las organizaciones que participen de los cortes
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Sanción a quiénes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones
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A las organizaciones que corten las calles, «se les cobrará» el uso de la fuerza de seguridad
Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Bullrich remarcó que el Gobierno tiene «una decisión tomada» de que «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte».
«Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», señaló.
En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales «van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación» y que «si se corta la vía principal, se libera la vía principal» sin importar que exista «una vía alternativa».
«Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos», añadió, y resaltó que «se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados».
La funcionaria agregó que «se va a trabajar» en las estaciones de tren y ante aquellas personas que «vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad».
«Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», Patricia Bullrich
«En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela», destacó.
También planteó que «se va a crear un registro de las organizaciones que participan» en cortes de la vía pública, y remarcó que «enviará la factura» a las organizaciones o individuos responsables por todos «los costos vinculados a los operativos de seguridad».
«El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo», sostuvo.
Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que «hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llegar a su trabajo y ha tenido problemas» y que el propósito de las nuevas normas es «cumplir la ley».
«Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas», afirmó.
Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
«Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores», confirmó el martes a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo «antipiquetes» para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.
El llamado «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas» procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.
En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían «5 o 10 minutos» para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. «Si no se van, los sacamos», expresó en declaraciones periodísticas.
Antecedente represivo
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba «de manera inconstitucional el derecho a la protesta», a la vez ampliaba «las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» en la Argentina al colocar el «orden público por encima de todo».
El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El Protocolo había sido puesto en conocimiento de los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional, pero no se tradujo en una resolución o disposición oficial que se publicara en el Boletín Oficial.
La decisión comunicada en su momento por Bullrich también regulaba el trabajo periodístico, porque establecía que la policía iba a indicar a los trabajadores de prensa dónde podían ubicarse de modo que “no interfieran con el procedimiento de seguridad. De ese modo, incidía en forma negativa sobre la libertad de expresión», resaltó el CELS en 2016.
