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En una sesión que duró más de treinta horas, donde sucedió de todo –puntualmente se respetó poco y nada el Reglamento de la Cámara Baja-, y se llevaron a cabo dos represiones salvajes contra manifestantes, periodistas y diputados, el bloque oficialista de La Libertad Avanza y sus aliados de la Unión Cívica Radical, el PRO, el bloque que preside Pichetto, los tres peronistas tucumanos y otros, lograron la aprobación en general de la denominada ley «Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos», o conocida como “ley combi” (ex ley ómnibus”)
La votación en general obtuvo un resultado de 144 votos a favor y 109 en contra. El martes de la próxima semana comenzará el voto en particular. La ley,l tal como se voto esta tarde en general, auspicia faculatfdes extaordinarias para el presidente Javier Milei, entre ellas, la capacidad de tomar deuda externa sin pasar por el Congreso y privatrizra -o rematra- el estratégico Fonde de Garantía de Sustentabilidad.
Las empresas estatales que se pretenden privatizar y forman parte de la aprobación en general de esta ley:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
Aerolíneas Argentinas
Correo Argentino
YCRT
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
ENERGÍA ARGENTINA S.A.
INTERCARGO S.A.U.
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
Nación Bursátil S.A.
Nación Reaseguros S.A.
Nación Seguros de Retiro S.A.
Nación Servicios S.A.
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.
OPERADORA FERROVIARIA S.E BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
Ferrocarriles Argentinos S.E.
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM
CORREDORES VIALES S.A.
TELAM S.E.
EDUC.AR S.E.
Contenidos Públicos S.E.
Radio y Televisión Argentina S.E.
El proyecto de ley remitido al Senado en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva continuará siendo debatido la semana que viene en un plenario de comisiones, se informó oficialmente.
Los integrantes de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se reunirán el miércoles 7 de febrero desde las 16 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
El proyecto fue aprobado en abril del año pasado en Diputados y pasó al Senado, donde se discutió por única vez en julio. La semana pasada se volvió a incluir el tema y asistieron a la Cámara alta Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la misma repartición.
La intención del oficialismo es que este miércoles se firme dictamen del proyecto y no se descarta que se sumen algunas modificaciones por lo que, si se aprobara en el recinto, debería volver a Diputados.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que el presidente Javier Milei incluyó para su discusión en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que este año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
Fin. pic.twitter.com/XOKMK6jT7I
— Manuel Adorni (@madorni) February 2, 2024
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