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El Gobierno publicó en el Boletín Oficial que el Ministerio de Justicia queda a cargo de implementar el sistema acusatorio, el cual ya rige en Jujuy y Salta, que permitirá que los fiscales queden a cargo de una investigación. El objetivo es extenderlo al resto del país.
El Gobierno busca acelerar la implementación en todo el país del sistema acusatorio que permitirá que los fiscales queden a cargo de una investigación.
Para ello, el presidente Javier Milei firmó un decreto en el que delegó su implementación al Ministerio de Justicia y se las quita a la Comisión Bicameral de Monitoreo.
La información trascendió durante el fin de semana tras la visita que hizo el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, a las provincias de Salta y Jujuy, distritos en los que el sistema acusatorio se aplica desde 2019. Desde ese momento, la Bicameral no tuvo más actividad referida al seguimiento y análisis de este régimen procesal penal aprobado en 2014.
Sistema acusatorio: el Gobierno delegó implementación al Ministerio de Justicia
A través del Decreto 188/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno le entrega la potestad de implementación al Ministerio de Justicia y se lo sacó a la Comisión Bicameral, lo que se suma a la puja del Ejecutivo contra el Congreso.
«Vinimos a aprender de ellos, que hace años están llevando adelante con mucho éxito la gran reforma procesal. Me encontré con jueces, fiscales y defensores de gran nivel, de muchísima vocación de servicio, que destacaron las bondades de este sistema procesal que queremos trasladar a todo el país», expresó Cúneo Libarona en Jujuy. Y agregó: «Nuestro proyecto es ir la semana que viene a Mendoza, a la región Cuyo, y luego a Santa Fe. Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país. Que quede instalado y que, a partir del gobierno de Javier Milei, se haga la reforma judicial que él pidió; con celeridad, que es lo que estamos tratando de lograr siguiendo sus órdenes» indicó el ministro de Justicia.
Junto a Cúneo Libarona estuvieron el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el jefe de Gabinete del Ministerio, Diego Guerendiain, y el asesor en temas penales y en la implementación del sistema acusatorio, Nicolás Ramírez.
La agenda incluyó encuentros con funcionarios del Poder Judicial y también del Ejecutivo jujeño, entre ellos, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García.
El sábado por la tarde, el ministro publicó una serie de mensajes en la red social X bajo el título «El sistema acusatorio como política de estado», en los que se refirió a las bondades de ese sistema.
Qué es el sistema acusatorio
Hace casi 10 años, en 2014, la ley 27.063 aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba, entre otros puntos, el cambio a un sistema acusatorio.
Este sistema lo que tiene como eje es darle más atribuciones y protagonismo a los fiscales con el fin de investigaciones más rápidas. Al mismo tiempo, se prevé que el expediente en papel desaparecerá y los planteos que realizan las partes son resueltos por el juez en audiencia.
Además el proceso se rige por la contradicción y la “igualdad de armas” entre las partes por lo que la prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces, quienes luego, en función del conocimiento adquirido y los planteos que reciban deberán adoptar decisiones. Por otra parte as audiencias son públicas y las etapas del proceso se agilizan.
A fines de 2015, apenas llegó el gobierno de Mauricio Macri, se dispuso que el nuevo código iba a entrar en vigencia progresivamente, según se lo dispusiera la comisión bicameral que monitoreaba su implementación. A mediados de 2019, el nuevo sistema comenzó a aplicarse en Jujuy y en Salta. Según estaba previsto, los siguientes destinos para implementarlo eran Mendoza y Rosario. La idea era que así siguiera inaugurándose en distintos puntos del país hasta llegar a Comodoro Py 2002.
Al día de hoy solo rige en Jujuy y Salta, en donde la mayoría de las condenas son por narcotráfico y contrabando. Nunca se avanzó en otros puntos del país más allá de los reclamos y propuestas de implementación.
