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Los radicales apuntan a restringir el derecho a huelga y eliminar las indemnizaciones. La iniciativa –en espejo al DNU de MIlei– elimina el aporte sindical de los trabajadores, declara «servicio esencial» la Educación y obliga a los docentes a cubrir el 75 por ciento los puestos de trabajo en caso de huelga. Además, extiende la restricción a casi todas las ramas de la industria y los servicios. En paralelo, extiende el periodo de prueba a seis meses sin indemnización.
Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) le llevaron a la Casa Rosada su propio proyecto de reforma laboral con el objetivo de que el Gobierno lo incorpore a la nueva versión reducida de la fracasada Ley Bases. Se busca convertir en ley un texto plasmado casi en espejo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que suspendió la Justicia del Trabajo.
Otros puntos claves de la reforma son los siguientes:
- Reducción de la carga fiscal sobre el empleo:Propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
- Educación como servicio estratégico esencial:Establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
- Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
- Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
- Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política
- Registro laboral:Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites. 8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.
La propuesta que recibió ayer el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral, el tiempo que carga sobre las conquistas de los trabajadores: extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización, eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo, eliminar los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios, y declarar “servicio esencial” a la educación.
Los colaboracionistas como punta de lanza
El jefe del bloque de diputados de la UCR, el cordobés Rodrigo de Loredo, reunió el miércoles por la noche a gran parte de su bancada para analizar la propuesta de Reforma Laboral que ayer le llevaron a Posse en la Casa Rosada con una nutrida comitiva. La postura del radicalismo es que el Gobierno lo incluya como parte del texto definitivo de la nueva versión reducida de la Ley de Bases que enviará al Congreso para intentar revertir la derrota del primer proyecto durante las sesiones extraordinarias de este verano.
La UCR no fue el único bloque parlamentario que le propone al Gobierno sostener la reforma laboral que quiso implementar por DNU y que frenó la Justicia. También lo hizo el PRO, como aliado incondicional de los libertarios, y el variopinto interbloque de Hacemos Coalición Federal, aunque con algunas diferencias sobre el alcance de algunas de las medidas.
Qué fue la “Ley Mucci” de Alfonsín, y sus similitudes con el proyecto de país que encara Javier Milei
Una de las obsesiones de Javier Milei es reformar los sindicatos para limitar los mandatos de sus autoridades. Lo remarcó en el discurso del 1º de marzo pasado ante la Asamblea Legislativa, como parte del aura refundacional que pretende imprimir a su gobierno. No hay nada nuevo: hace exactos cuarenta años, otro gobierno, con un ímpetu refundador más potente por ser el primero de la democracia restaurada y no el primero de extrema derecha de la historia nacional, intentó hacer algo similar y se quedó a las puertas de conseguirlo. Apenas le faltó un voto.
Raúl Alfonsín orillaba los cien días de su gobierno cuando sufrió su primera derrota parlamentaria, que marcó la relación de su gobierno con el sindicalismo, el bastión en el que se refugió el peronismo derrotado en 1983. El líder radical no blandía el concepto de «herencia recibida» para referirse a miles de desaparecidos, torturados, niños nacidos en cautiverio, exiliados, el aparato industrial devastado, el peso de una deuda externa (que su gobierno convalidó), las tasas de interés por las nubes y los precios internacionales planchados. Y, por si fuera poco, las secuelas de la Guerra de Malvinas, una situación incomparable a la de cualquier gobierno de la democracia consolidada.
En ese marco, y aprovechando el envión inicial, el Gobierno jugó a fondo con la trunca Ley Mucci, que debió su nombre al primer ministro de Trabajo de Alfonsín, Antonio Mucci. Corrían los primeros días de enero de 1984: el Congreso ya había anulado la autoamnistía militar y se aprestaba a debatir la reforma del Código de Justicia Militar, la llave para que las Juntas militares fueran juzgadas ante un tribunal civil en instancia de apelación.
En ese debate, el senador neuquino Elías Sapag fue determinante para las modificaciones. Sapag logró que los jueces civiles pudieran abocarse en causas de la justicia militar. No sólo eso: los particulares damnificados o sus familiares podían apelar, y los fiscales federales fueron obligados a apelar las sentencias del fuero militar en todos los casos. Además, sus cambios hicieron que todo lo actuado implicara que los oficiales no pudieran acogerse a la obediencia debida, algo que se saldó en junio de 1987 con la ley sancionada después del alzamiento de Semana Santa.
El nombre de Sapag reapareció en marzo de 1984 cuando la Ley Mucci llegó a la Cámara Alta, tras la aprobación en Diputados, donde el radicalismo tenía mayoría. El Senado era otra cosa: allí la primera minoría era el peronismo y había que negociar. Quizás Mucci no fuera el hombre indicado para un ministerio caliente: obrero gráfico, fue la opción de Alfonsín en lugar de la alternativa más lógica, Roberto Pena, el principal abogado laboralista de la UCR.
Pena era de la mesa chica de Renovación y Cambio y había sido diputado nacional con Alfonsín durante el gobierno de Illia. En noviembre de 1983 se encontró con la sorpresa de que el presidente electo no lo pondría en Trabajo, sino en la Secretaría de Inteligencia. Alfonsín no tenía gente de confianza en los servicios y apostó por alguien de su riñón, lo que catapultó a Mucci a la cartera laboral.
La UCR presentó la ley de ordenamiento sindical como un intento de democratizar la vida de gremios que venían de ser intervenidos por la dictadura, con representación de las minorías a través de la elección por voto directo de los afiliados. Si una lista opositora conseguía el 25 por ciento, debía ser parte de la conducción, siempre en el marco del modelo de sindicatos únicos por rama de actividad. Dicho de otro modo: no se tocaba ese esquema, sino la cuestión de que “no tenían por qué ser sindicatos peronistas”.
