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La Justicia ordenó que el Gobierno reparta las 5 toneladas de comida que mantienen almacenadas, y fueron compradas por la gestión de Alberto Fernández. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en su habitual conferencia de prensa, no los repartirán porque “son para emergencias” y que apelarán el fallo para que el Gobierno.
El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que habrá más despidos de trabajadores estatales a partir de fin de junio y consideró que «es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado».
«Habrá una segunda revisión que tendrá efecto a partir del 30 de junio, ya lo habíamos dicho», dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El funcionario se refirió a las contrataciones que fueron prorrogadas entre febrero y marzo pasado por 30 o 60 días.
«Revisar el funcionamiento de ciertas áreas, si es correcto. Esta limpieza de la plana estatal, es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado para saber si funcionan bien o no», estimó el portavoz.
La Justicia ordenó al Gobierno repartir los alimentos almacenados
La medida fue ordenada en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios avanza y ahora intimaron a Sandra Pettovello a informar dentro de 3 días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos.
En febrero pasado, organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois presentaron una denuncia contra Pettovello, en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”.
Grabois amplió la denuncia días atrás, cuando según un pedido de información pública realizada por El Destape reveló el detalle de alimentos que estaría próximo a vencerse acumulado en depósitos.
Según la denuncia original de Grabois, e impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, la ministra estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”.
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Amparo y medida de no innovarEn tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, «en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.
