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Así lo afirmó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de la Construcción (CAMARCO), reveló que el Estado posee una deuda de $400.000 millones con el sector, correspondiente a cerca de 3.500 obras que estaban en marcha y que se avanzaron el año pasado entre septiembre y noviembre, durante la gestión de Alberto Fernández, y que se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei como presidente.
“La deuda del Gobierno nacional es de obra ejecutada en el período septiembre, octubre y noviembre del año pasado, porque el plazo de pago de la obra pública es de 60 días desde la presentación de factura. Es decir que lo que se ejecutó en septiembre vencía en diciembre y no se pagó. En octubre y noviembre, ni que hablar. Hubo algunos pagos esporádicos de esa deuda, pero el grueso de la deuda sigue sin pagar, unos $400.000 millones”, explicó Gustavo Weiss en una conferencia de prensa, en el marco de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) que se realizó en La Rural de Palermo.
Al ser consultado sobre si el Gobierno le realizó al sector alguna propuesta para pagar la deuda que tiene con las empresas, Weiss fue categórico: “La respuesta es nada”. A la llegada del Gobierno de Milei había 3.500 obras en marcha, según precisó Weiss, que se paralizaron para anteponer el equilibrio fiscal, a excepción de alguna como lo es la reversión del Gasoducto Norte y, ahora, la Cárcel de Coronda, que se volvió a poner en marcha a pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Superávit fiscal: ¿a qué costo?
El Gobierno acumuló en mayo un superávit financiero de $1,8 billones y uno primario de $2,3 billones, según la información brindada por el Ministerio de Economía. Se trató del quinto superávit financiero al hilo, una marca a la que no se llegaba desde 2008. Sin embargo, en el Excel no está incluida la deuda de $400.000 millones que mantiene Nación con las empresas de obra pública.
Pero en el sector no solo pesa la motosierra, también está la licuadora. La primera, por la deuda en sí. Y la segunda, también entra en juego ya que “el Estado argentino no paga intereses a la deuda, por lo tanto, si nos cancelan lo que nos deben del año pasado, nos pagan cada vez menos”, explicó Weiss.
Sobre los motivos por los cuales no se le ofrece al sector un plan de pago, Weiss mencionó que cree que el Gobierno “posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande”.
Un ajuste necesario, pero demasiado duro
“Nosotros somos el sector que, fuera de los jubilados, más está sufriendo el ajuste”, aseguró Weiss, aunque previamente dijo en que el “ajuste era necesario”, pero dijo que, “en todo caso, se puede discutir si tenía que ser muy profundo o un poco menos”.
La motosierra a la obra pública significó la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo directos desde mediados del año pasado, cuando comenzó la crisis en el sector. Esto, a su vez, “podría generar una pérdida potencial de otros 100.000 empleos indirectos”, estimó Weiss.
Cabe destacar, que el sector de la construcción es uno de los que más puestos de trabajo genera en la Argentina. Y, en ese sentido, el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, especificó que “en lo que va del año el sector perdió unos 130.000 puestos de trabajo”. Asimismo, puntualizó que “eso es una consecuencia directa de la paralización de más de 3.500 obras públicas en todo el país”.
Proyecto público retomado por el privado
El presidente de la CAMARCO contó, por otro lado, que le presentó un boceto de ley al presidente Javier Milei para que el sector privado retome proyectos de obra pública que comenzó a ejecutar el Estado y quedaron a medio camino tras la paralización del sector.
“El proyecto tiene en cuenta que un privado tome la finalización de una obra pública y creo que hay algunas cosas que son posibles”, analizó. Y ejemplificó que uno de esos proyecto puede ser “el plan Procrear, ya que son viviendas para clase media” y sería redituable para el privado.
“Si hay un edificio de plan hecho por la mitad, con dinero del Estado, el privado puede pedirle al banco un préstamo para terminarlo y venderlo. Ese ingreso lo reparte con el Gobierno proporcionalmente”, explicó Weiss, que aseguró que hay gente interesada en terminar este tipo de obras. Ahora, el Gobierno deberá revisar la iniciativa y en caso de que le parezca positiva, la presentará en el Congreso.
