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Otra política de desguace del Estado solo legitimada por los superpoderes que radicales, macristas y varios diputados provinciales otorgaron a Javier Milei en la denominada “Ley Bases”. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 699/2024, el Gobierno Nacional declaró este martes servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional; y además disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable creado en 2021 y encargado de hacer cumplir las leyes resguardando los bienes del Estado Nacional.
En otro capítulo de políticas de entrega nacional, el Gobierno nacional la declaración de servicio público a las tareas relacionadas con las vías navegables procura “asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación interjurisdiccional, en cumplimiento del deber de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.
La Autoridad de Aplicación de la normativa será la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte, y el artículo 3 del DNU publicado este martes dispone la “disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, en los términos del inciso b) del artículo 3° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742”, derogando el DNU 556/2021 encargado de crear el organismo.
Para sectores ligados a intereses de “El campo”, el gobierno de Javier Milei avanza en sus planes para aumentar el peaje de la Hidrovía y generar un ingreso adicional que, como contrapartida, representará un costo más para las empresas agrícolas argentinas.
¿Qué era el ECOVINA?
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable fue creado en agosto del 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, y estaba integrada por Nación junto a representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, es decir, las seis jurisdicciones que limitan con tramos de a Hidrovía del Paraguay-Paraná, y tenía como misión velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios.
Desde allí se realizaban auditorías, controles, inspecciones, regulaciones y seguimientos en materias económica, ambientales y legales. Se fijaba la traza, las tarifas y las concesiones de obra pública.
La denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, N° 27.742 en su inciso b) del artículo 3 faculta al Poder Ejecutivo a “disolver total o parcialmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente”.
En la argumentación del Gobierno, el ECOVINA “no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos”. Y para desburocratizar y reducir el gasto público innecesario, “corresponde derogar el DNU 556/2021 y disolver el señalado Ente”.
El DNU lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
