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El decreto le otorgaba $100.000 millones a la SIDE para espiar a la población. Es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU. La oposición conformada por el peronismo, la UCR y tres senadores del PRO votó en rechazo. Otro duro golpe para el gobierno de Javier Milei, que horas antes ya había sufrido la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. ¿Milei la vetará junto al PRO y los radicales, a pesar de que la votaron a favor, como en el caso de la hoy extinta Movilidad Jubilatoria que le quitó a los jubilados un miserable aumento de $14 mil por mes?
La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Pese a la decisión del Congreso, el Gobierno anticipó que, al igual que con la reforma jubilatoria, vetará la ley, al argumentar que pondría en riesgo el superávit fiscal. La propuesta presentada por la Unión Cívica Radical aumenta los fondos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento.
Con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención queda aprobado el proyecto de ley de financiamiento de universidades nacionales
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 13, 2024
Rechazo al DNU y aprobación de la Boleta Única de Papel
La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina.
La derrota para el Gobierno se sumó a la anterior en la que el Senado también el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. Por otro lado, en la Cámara alta dio además luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados.
Se trata además de un hecho inédito: es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
El primero de los cachetazos comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién ayer planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este jueves. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei.
La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques.
Sin apoyo de la UCR permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del peronismo logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. «Los radicales se dieron vuelta», decían oficialistas en los pasillos del Senado por la tarde.
Los que de desayunaron de la jugada en el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo vinieron a «mojar el pancito» de la «victoria» por la BUP. Ellos argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley.
El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio $100.000 millones de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo.
La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. Para la Casa Rosada, el 0,14 por ciento atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.
Boleta Única, la único victoria del Gobierno
La aprobación del proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales es el único poroto que se puede anotar en el Gobierno en la maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.
La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.
Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.
Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir las boletas a lo largo y ancho del país.
Su desembarco en el hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
De esta manera, el Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la BUP durante meses a raíz de que el peronismo se había plegado con sus 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también por los misioneros.
En este contexto, Milei se presentará el próximo domingo ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. Allí dará el puntapié inicial de nueva batalla que deberá librar la Rosada ante dos cámaras legislativas que atraviesan, como nunca antes, una profunda fragmentación.
Con 11 votos afirmativos, 49 negativos y 2 abstenciones queda rechazado el DNU que asigna adicionalmente fondos de la administración nacional a la SIDE
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 13, 2024
