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Por Maximiliano Borches. La polifacética Patricia Bullrich pasó de rebajarles 13% los haberes a los jubilados cuando era ministra de Trabajo de la fatídica experiencia de laboratorio político radical-progresista de la “Alianza”, en 2001, a reprimirlos ferozmente y cada semana, en su actual cargo de ministra de Seguridad del gobierno libertario que encabeza el esperpento de Javier Milei. Pasan los años y algunos nombres de la selva política de la Argentina se continúan repitiendo como un trágico mantra.
Marxista en el sentido “grouchomarxista” de la palabra (por esa famosa frase del gran comediante que decía: “Estos son mis principios, y si no te gustan, tengo otros”), la multifacética Patricia Bullrich pertenece a ese enjambre rara avis de la política argentina, que siempre termina acomodándose en algún cargo público y cambiando de afiliación política, como de medias o zapatos.
A lo largo de una extensa y elíptica trayectoria política, Bullrich atravesó varios cambios de piel. Militó en el peronismo de izquierda en los setenta y orbitó muy cerca de la agrupación Montoneros antes de exiliarse por la última dictadura. Se hizo menemista en la década de los noventa para llegar al Congreso por primera vez y fue ministra de Trabajo del radical Fernando de la Rúa durante el gobierno de La Alianza. Luego de ser jefa de campaña de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y una de sus espadas legislativas, se mimetizó en el modelo de Pro para frenar al peronismo de esos años. Su acercamiento al universo de Mauricio Macri, quien la eligió para que se pusiera al frente de Ministerio de Seguridad, decantó en un dejá vu político, al ocupar en la actualidad esa misma cartera de control del monopolio de las fuerzas represivas, pero con una nueva camiseta política puesta, la de “La Libertad Avanza”, un nuevo espacio en su larga carrera de saltos políticos del que dice pertenecer en plenitud, y desde cuyas tolderías ordena con satisfacción reprimir a puro palo y gas pimienta desde hace tres miércoles consecutivos, a jubilados que reclaman por la caída del veto presidencial a la reforma jubilatoria votada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, que apenas les otorgaba un aumento salarial de $15 mil más, y que les fue quitado junto a más de cien remedios que hasta que finalizó el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, formaban parte de la plantilla de PAMI y eran entregados de manera gratuita. Ahora nada de todo eso.
El recorte del 13% de haberes a jubilados y trabajadores estatales
El 23 de julio de 2001, durante una entrevista que brindó a Radio América, la entonces ministra de Trabajo del último gobierno radical en la Argentina, la “Alianza”, Patricia Bullrich, afirmaba que: «En este momento, que todavía no está la ley aprobada —sólo tiene media sanción—, el Gobierno ha mandado a liquidar las jubilaciones de este mes, excluyendo a los jubilados que cobran 500 pesos hacia abajo, lo que significa un 85 por ciento de los jubilados», y había agregado, «una vez que salga la ley, y que comiencen a recibirse los recursos, se podrá elevar este piso. En este momento estamos tomando esta decisión sin la ley aprobada. No bien la ley salga vamos a poder evaluar los mecanismos hacia adelante». Al día siguiente, el 24 de julio de aquel trágico 2001, el gobierno de Fernando De La Rúa dispuso por decreto el recorte del 13% del salario a empleados públicos (incluidos docentes y trabajadores de la salud), jubilaciones y pensiones que superaran los $574.
Aquel recorte salarial a jubilados y trabajadores estatales se componía de los siguientes puntos:
-Eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU) para todas las jubilaciones futuras.
-Las personas que se jubilen con haberes de entre 300 y 800 pesos cobrarán una nueva Prestación Suplementaria, aunque inferior a los 200 pesos de lo que era la PBU.
-Los mayores de 70 años que no puedan acreditar aportes previsionales cobrarán una asignación de 100 pesos. Pero deberán cumplir con los requisitos de que su cónyuge no sea jubilado y que tenga vivienda única.
-Las personas que aportaron más de 10 y menos de 30 años percibirán una jubilación proporcional, con un piso de 150 y un techo de 300 pesos. La fórmula es el pago de 10 pesos por cada año aportado.
-El pago de la Prestación Suplementaria será para aquellos que hayan completado 30 años de aportes, quienes también tendrán garantizado un haber mínimo de 300 pesos.
-Las mujeres deberán trabajar hasta los 65 años para acceder al ciento por ciento de la jubilación por la que hayan aportado. Si se jubilan entre los 60 y los 64 años –opción que seguirá habilitada–, tendrán una quita del 3 por ciento en su haber por cada año faltante hasta los 65. Pero irán recuperando esa diferencia año a año. Por caso, una mujer que se jubile a los 60 años cobrará 15 por ciento menos que si lo hubiera hecho a los 65. Al cumplir los 61, la disminución ya no será del 15 sino del 12 por ciento.
-Los empleadores no podrán forzar a las mujeres a jubilarse antes de los 65 años.
El ahorro fiscal estimado por la reforma es de 347 millones de pesos en el 2005, de 705 millones en el 2010, y de 1023 millones en el 2015. En el 2001 no habrá ahorro, pues los 34 millones que el Estado dejará de pagar por la eliminación de la PBU serán destinados a la asignación de 100 pesos para quienes no hayan aportado o lo hayan hecho por menos de 30 años.
-Los jubilados que se reinserten al mercado laboral deberán resignar su haber jubilatorio por el monto que exceda los 600 pesos. Y los jubilados con 55 años o menos –básicamente de privilegio o de regímenes especiales– perderán la totalidad de su haber.
-La reforma incluye un capítulo dedicado a la regulación de las AFJP. Los puntos salientes son:
-Límite a la concentración: ninguna AFJP podrá tener una participación de mercado superior al 27,5 por ciento. En la reglamentación del decreto se determinará si el tope es por cantidad de afiliados o por fondos administrados.
-Se suprime la comisión fija sobre los aportes de los afiliados, lo que afectaba especialmente a las personas de menores ingresos. Quedará sólo el componente variable, y por tanto la comparación entre las comisiones de las distintas administradoras será más sencilla.
-Se amplía de 30 a 60 días el plazo a los nuevos trabajadores para optar entre el régimen de reparto y el de capitalización.
-Si transcurrido ese lapso el trabajador no completó el formulario por el que manifiesta su decisión de inscribirse al sistema estatal, será derivado a una de las dos AFJP que cobra la comisión más baja por su rango de ingresos.
-Las AFJP se encargarán de la gestión del trámite jubilatorio de sus afiliados, con una aprobación final de la Anses.
-Las AFJP podrán administrar más de un fondo previsional, para evitar que los fondos de los afiliados cerca de la edad del retiro deban ser invertidos en activos de mayor riesgo.
-Las AFJP podrán invertir 10 por ciento más que hasta ahora en títulos públicos, tanto nacionales como provinciales.
Bullrich militante de la JP, en los ´70
La clonación permanente de Patricia Bullrich en los distintos gobiernos represivos y antipopulars de la reciente historia argentina, se repite como la piedra cargada por Sísifo cuesta arriba por una montaña y que antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo, en una operación que se repetía una y otra vez, de forma frustrante y absurda.
La historia política argentina (la reciente y la otra) tiene mucho de este mito griego.
Patricia Bullrich fue funcionaria y es funcionaria de un gobierno gobierno que lleva adelante medidas de ajustes (ayer De la Rúa, hoy Macri). Recortes en jubilaciones, flexibilización laboral y pobreza.
La historia se repite, ¿se repetirán los huevazos y el que "se vayan todos"? pic.twitter.com/mCdBU3uY1a— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) November 30, 2017
