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El Frente Sindical también llamó a la comunidad universitaria a participar de una semana de lucha a partir del lunes 21. La ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario de la semana pasada abrió una nueva etapa de lucha que generó ebullición en todas las provincias. Conocé a cada uno de los 84 diputados que votaron para blindar el veto de Milei y contras las universidades públicas.
Este lunes se harán asambleas en unidades académicas de todas las provincias, en las que se evaluarán los pasos a seguir. Tras el veto, las tomas que empezaron en la Universidad de Buenos Aires se replicaron en Tucumán, Catamarca y Córdoba, Rosario, Santa Cruz, Jujuy, La Matanza, Tandil y Salta, entre otras. Algunas se mantienen en estado de asamblea permanente como la Universidad Nacional del Litoral, la de Misiones, la de Mar de Plata y la de Avellaneda.
Además, hubo repudio a varios diputados y diputadas. El Consejo Superior de Universidad Nac. de Salta declaró «Persona no grata» a los diputados nacionales Julio Moreno, Carlos Zapata y Emilia Orozco por su voto a favor del veto y a Yolanda Vega, que estuvo ausente. Medidas similares tomaron en la Universidad Nacional de Cuyo con los diputados libertarios Mercedes Llano, Alvaro Martínez y Facundo Correa Llano en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán con los legisladores del bloque Independencia de Osvaldo Jaldo y los del PRO. En Cipolletti, los estudiantes de la Universidad del Comahue se movilizaron hasta la casa del diputado de La Libertad Avanza y ex intendente de la ciudad, Aníbal Tortoriello, e hicieron un ruidazo y planfleteada.
En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una advertencia a los rectores: «Los responsables de cualquier cosa que pase son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, no pueden desaparecer y desentenderse del problema. No pueden dejar que estos grupos extremistas tomen el control». Esto se suma a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, que el jueves afirmó que “las tomas son un delito” y que “la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados”.
“Ya ratificado el veto lo que queda ahora es la vía de los canales institucionales y seguir reclamando por un presupuesto que nos permita funcionar adecuadamente”, le dijo a Página 12 Martín López Armengol, integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ahora la pelea que se viene es la del Presupuesto 2025, en el que el Poder Ejecutivo destina 3,8 billones de pesos a las universidades para el año próximo, una cifra que representa el 50 por ciento menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. “Además, tenemos que seguir trabajando en los pendientes como es la recomposición salarial, el refuerzo de las partidas vinculadas a ciencia y técnica y el sistema científico tecnológico, además de la puesta en funcionamiento de las obras suspendidas”, agregó López Armengol, que es rector de la Universidad Nacional de La Plata.
Desde las casas de estudios, mantienen reuniones con diputados y senadores para lograr mejoras en el proyecto. Desde los bloque opositores propusieron modificaciones al Presupuesto en lo relacionado con las universidades sin que eso afecte el equilibrio fiscal. La Unión Cívica Radical y Encuentro Federal pedirán aumentar la partida y quitarle el artículo que suspende la implementación total de tres normas, entre ellas, la Ley de Educación Nacional que garantiza el financiamiento del Sistema Educativo y destina no menos del 6% del PBI para eso. A modo de equilibrio, para no interferir en el gasto fiscal, proponen recalibrar las partidas que aumentaron como la de la SIDE y la de la secretaría general.
Pero el conflicto va más allá, ahora también interpela a los ejecutivos provinciales. Ayer, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le pidió al Ejecutivo “que convoque y conforme una mesa de diálogo urgente”. En un texto publicado en la red social “X”, agregó: “Se necesitan acercar soluciones ya que el presupuesto (…) es la mitad de lo solicitado por las universidades. Es necesario que haya gestos de inteligencia y de humildad para llamar a la concordia, para que las universidades dejen de estar tomadas, que los estudiantes vuelvan a las aulas y que las casas de estudios continúen siendo centros académicos de excelencia, formación e investigación”. En las provincias, la situación no está para asados de festejo.
“Realmente esto pone en jaque al sistema universitario. Si el presupuesto se aprueba y se ejecuta, pone en riesgo seriamente el funcionamiento del sistema universitario para el 2025”, le dijo a este diario Joaquín Carvalho, alumno de la Universidad de Rosario e integrante de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Además, resaltó la importancia de la reunión del martes entre todos los sectores para definir los pasos a seguir. “Tenemos miradas distintas sobre el conflicto, pero entendemos que esa unidad es la que nos fortaleció y nos hizo llegar a donde llegamos y que si resquebrajamos esa unidad ponemos en riesgo la resolución del conflicto”, agregó.
El reclamo salarial sigue siendo uno de los ejes centrales del reclamo de cara a la discusión del Presupuesto 2025. Hasta ahora el Gobierno nacional viene dando aumentos de manera unilateral, sin llegar a ningún acuerdo con los gremios. Por eso, piden en el comunicado «una paritaria que reconozca la especificidad de trabajadoras y trabajadores universitarios y ofrezca una solución a la grave situación salarial».
Además del paro nacional del 17 de octubre, el Frente Sindical convocó a una semana de lucha a partir del lunes 21. Antes, planean realizar una reunión el martes próximo con las autoridades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los Centros de Estudiantes de todo el país para «sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático».
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Uno a uno: conocé a los 84 diputados que blindaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
