La mayoría de los gobernadoes -tanto oficialistas como opositores- rechazan la aplicación en sus territorios del nuevo protocolo de armas de fuego, impuesto por el Gobierno Nacional, a través de la resolución 956/2018, publicada en el Boletín Oficial. En la práctica, habilita el gatillo fácil, ya que las fuerzas de seguridad podrán hacer uso de sus armas de fuego a discresón, sin dar previamente la «voz de alto».
En su afán por intentar legalizar las políticas represivas de mano dura –a las que el gobierno decidió definir como «mano justa», en otro juego engañoso de palabras destinado a confundir a la ciudadania, y en la que se intenta remitir «bienestar» con la utilización de la palabra «justa» en lugar de «dura», que es la verdadera defición-, el macrismo no logra convencer ni a su propia tropa.
Hasta el momento, mandatarios oficilialistas como Gerardo Morales de Jujuy, Juan José López Desimoni, de Corrientes y hasta la bonaerense María Eugenia Vidal, rechazaron adoptar dicho protocolo en sus provincias.
Lo mismo ocurre con otros distritos opositores, como Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Juan y La Pampa, también se sumaron al rechazo.
En los casos de los mandatarios de Córdoba y Tucumán, por ahora se mantienen prefieren «seguir analizando» el protocolo, sin haberlo apoyado de manera pública.
Los únicos dos distritos que hasta el momento, decidieorn sumarse al peligroso protocolo represivo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, ambos gobernados por dirigentes macristas.
Por otra parte, numeroso movimientos sociales, políticos, de Derechos Humanos y distitnas organizaciones libres del pueblo, se plegaron al rechazo del intento oficialista por legalizar el gaillo fácil.
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