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Opinión por Cecilia Ratovicius*. El pasado 27 de enero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al presidente de la nación, Alberto Fernández, anunciaron el plan “Escuelas a la obra”, un ambicioso proyecto de mejoramiento de la infraestructura escolar para más de 750 edificios distribuidos en el territorio bonaerense y con una inversión inicial de 800 millones de pesos.
Para entender el programa que se presenta, debemos recordar la experiencia de lo que fuera “Programa de Ingreso Social con Trabajo –Argentina Trabaja” lanzado en 2009, ampliado luego con el “Ellas hacen”, dedicado a las mujeres sostén de hogar con más de tres hijos o quienes sufrieran violencia de género, cuyo objetivo principal era, según resolución ministerial, la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos puestos de trabajo genuino. Es decir, el nombre del programa y su objetivo eran claros: generar empleo para los sectores postergados.
Claro está que hoy nos encontramos ante la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, el aumento de la desocupación y el aumento constante del costo de vida, nos presenta un escenario urgente. Como dicen en los medios hegemónicos y se repite en algunos sectores desclasados de nuestra sociedad “hay que darles trabajo, no un plan” y a esto es lo que se apunta.
El incremento de planes sociales durante los últimos 4 años, llevando de 100 mil a 160 mil a los argentinos y argentinas que reciben una mensualidad del Estado, genera un problema para los trabajadores. Quitar del mercado laboral a miles de personas puede ser por un breve tiempo un parche al problema de desocupación, pero tarde o temprano, el instinto del trabajador y su necesidad de ser productivo, sumado a la necesidad económica (según estudios, las familias solo cubren el 25% de sus gastos cuando reciben un plan social) genera que se acerquen al mercado laboral cientos de trabajadores y trabajadoras ofreciendo su mano de obra pero solicitando el estado de informalidad, así nace la frase “no me pongas en blanco que se me cae el plan”. Por lo cual, crece la evasión impositiva, crece la informalidad y se vulneran más derechos a la misma clase vulnerada. Este es uno de los tantos problemas que trae sostener la herencia de los planes sociales eternamente.
La promoción de cooperativas de trabajo como herramienta de inserción social, es la salida que encuentra el gobierno a los planes sociales. Esta medida es muy criticada por los sectores de la economía social que defienden los valores históricos del cooperativismo, debido a la “desviación” en su inicio: no hay socios fundadores con un proyecto de trabajo, sino un Estado que organiza su constitución para brindar trabajo. Sin embargo, debemos atender a los nuevos tiempos, la ley de cooperativas continúa siendo arcaica para el entramado cultural, social y laboral del siglo XXI. Además, si analizamos los valores cooperativos, leyes supremas del sector, las cooperativas de trabajo de “Argentina trabaja” cumplían quizás mucho más que las entidades históricas la mayoría de estos pilares: organización abiertas y voluntaria, solidaridad, igualdad, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Claramente la autonomía fue un proceso asimétrico, en donde cada municipio u organización social fue responsable de fomentar la separación de las cooperativas y el Estado, generando en algunos casos una relación carnal y en otros casos empresas sociales genuinas que luego de unos meses pudieron desarrollar emprendimientos productivos reales que se insertaron en el mercado laboral como asociaciones firmes.
El plan presentado la semana pasada vuelve a dar el debate, pero luego de la muerte de Sandra y Rubén en una escuela del conurbano producto del mal mantenimiento de infraestructura, “Escuelas a la obra” será algo beneficioso para quienes reciben un plan social, para la comunidad escolar y para la sociedad en general.
*Especialista en cooperativas
