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A pesar de las maniobras para que no avance la investigación sobre las supuestas presiones al Grupo Indalo, por parte del empresario Mauricio Macri -de vacaciones en la Costa Azul francesa-, la jueza María Servini ordenó la reanudación del peritaje al teléfono celular del hijo de Franco Macri.
Por orden de la jueza María Servini, el peritaje irá desde el 1 de enero del 2016 al 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos de Macri, del ex jefe de asesores de Presidencia José Torello, del amigo de Macri Nicolás Caputo, del diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, del ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.
Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia se habían opuesto tras considerar que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo. Además, los camaristas adhirieron a los planteos de las defensas, las cuales habían opinado que el peritaje afectaba «derechos individuales».
El entrecruzamiento ordenado abarcaba el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle «de interlocutores comunes y frecuentes», en medio de sospechas sobre si a partir de diciembre de 2015 hubo presiones al Grupo Indalo, porque «se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno» de ese momento.
