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Finalmente, y luego de cinco reuniones, el proyecto de ley de Aporte Extraordinario Solidario de las Grandes Fortunas, obtuvo dictamen de mayoría con 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ya se encuentra listo para ser debatido en el recinto. El interbloque macrista/radical/lilito de “Juntos por el Cambio” lo rechazó y presentó un dictamen propio que consiguió 15 firmas. La abierta defensa de las grandes fortunas por parte de quienes gobernaron los últimos cuatro años, en un momento extraordinario que demanda la atención de todos los sectores, los convierte en “Juntos por los Ricos”.
El bloque del Frente de Todos obtuvo, finalmente, dictamen de mayoría para que el proyecto de ley de Aporte Extraordinario Solidario de las Grandes Fortunas, que sólo afectará a las 9.300 fortunas más grandes de la Argentina, pueda ser tratado en el recinto. Entre los cambios respecto al proyecto original, se destaca la confirmación de que no serán gravados las tenencias en el país de los no residentes.
Por su parte, el interbloque macrista/radical/lilito de “Juntos por el Cambio”, cerraron filas en defensa de las grandes fortunas del país, y presentó un dictamen de minoría que plantea directamente el rechazo al proyecto del oficialismo.
Según las propuestas del proyecto oficialista y sobre la base de la proporción de los fondos que están afuera y que algunos podrían estar interesados en repatriar, la estimación alcanzaría presuntamente a 9.298 personas. “Porque hay 7.438 declaraciones juradas con bienes superiores a 200 millones, y 1.860 que con las proyecciones sobre las declaraciones juradas de 2018 se estima que deberían estar alcanzados”, indicó el diputado Carlos Heller, que estimó que eso daría 307.897 millones de pesos de recaudación prevista
El mismo llegó a manos del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, mientras avanzaba la reunión en cuyo inicio confirmó haber recibido este mismo viernes un análisis de la estimación del impacto recaudatorio del proyecto. El informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en líneas generales convalida el contenido del informe de la AFIP, estimando que efectivamente la recaudación probable de este aporte estaría en el orden de los 307.000 millones de pesos, equivalente a 1,1% del PBI.
Al detallar las modificaciones aplicadas al proyecto, Heller explicó que modificaron el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte, originalmente fijado en el 31 de diciembre del año pasado. “Lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley -aclaró Heller-. En función de eso hemos agregado en el artículo 8° cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hiciera presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinado a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
“Esto es para no tomar un valor retroactivo sino a partir de esta ley, pero como hace 6 meses que venimos discutiendo esta ley, y podría haber generado situaciones individuales de actitudes no ajustadas al cumplimiento de las obligaciones impositivas, para evadir el pago del tributo. Entonces resolvemos así la cuestión”, explicó el presidente de la comisión.
Por otra parte, Heller anunció que “descartamos el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes; y también descartamos la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están, y por lo tanto siempre habría una persona, como el tema era polémica. Y como desde el primer día dijimos que este era un aporte que se planteaba sobre las personas humanas, creímos conveniente no incluir esa ampliación”.
Por consiguiente, Carlos Heller sostuvo que “están perfectamente limitadas las personas alcanzadas y las características”. Así las cosas y con la información disponible enviada por la FIP, sobre la base de las declaraciones juradas ya presentadas al 19 de septiembre, se podría llegar a una recaudación superior a los 300 mil millones de pesos.
