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Funcionarios y legisladores del Frente de Todos, que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, acordaron impulsar el sistema de ajuste de las jubilaciones que estuvo vigente en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%). «La fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015″, explicaron.
La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional. “La fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015″, explicaron.
El método tiene como antecedente directo el que establecía la ley 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno), han sido validados por los y las especialistas, nacionales e internacionales”, agregó un comunicado de los participantes.
Según destacaron, “la fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante”.
“Se espera que la fórmula que se propone y que deberá comenzar a regir en el año 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes; gracias al aumento del salario real y de los recursos de Anses”, agregaron.
El oficialismo informó que “se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.”
El Gobierno de Mauricio Macri había dejado sin efecto el sistema aplicado por el anterior y estableció su propio índice, que, según los análisis, había perjudicado los haberes del sector pasivo. Se trataba de una fórmula que calculaba un índice compuesto por el 70% de la variación trimestral de los precios y el 30% de la evolución, en igual período, de los sueldos de los empleados registrados.
