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Por Maximiliano Borches. Una de las premisas del ideario justicialista, es el derecho popular al acceso de una alimentación sana y nutritiva. En este punto, y parafraseando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la secretaria de Comercio Interior Paula Español, no funciona como funcionaria. Al cierre de esta nota, más de 30 mil usuarios del AMBA siguen sin luz. Desde el ENACOM, tímidamente pretenden “intimar” a las empresas Cablevisión y Telecentro que imponen a voluntad, violando decreto presidencial, aumentos del 20% en sus facturas. No sirve lanzar “cortes de carne a precios controlados”. El Gobierno de TODOS debería analizar seriamente aplicar la Ley de Abastecimiento, ante los desmedidos y especulativos aumentos en los precios de los alimentos, que no solo dejan a cientos de miles de compatriotas sin acceso a nutrientes cárnicos y otros; sino que favorecen pingües negocios exportadores, sin que se garantice el mercado interno.
Sin dudas la pandemia trastocó todo. El peligroso enemigo invisible que aún continúa sembrado muerte y pánico en la población –a pesar de los idiotas que no solo dejaron de cuidarse, sino que no cuidan al prójimo- impuso prioridades sobre otros asuntos de la vida pública.
En este punto, la exitosa acción del gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández, no solo colocó a la Argentina a la vanguardia mundial de los países donde se desarrollaron (y desarrollan) políticas públicas de mayores cuidados y protección a su población. En pocos meses recuperó el Ministerio de Salud, que había sido degradado a una simple Secretaria durante la perversa gestión macrista/radical/lilito, e invirtió ingentes recursos que fueron distribuidos en toda la geografía nacional.
La pandemia impone al mundo una peligrosa desaceleración económica, y ofrece todas las condiciones para la especulación en los precios de productos y artículos de primera necesidad, entre los que de destacan los alimentos.
En este sentido, según publicó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en diciembre de 2020 un promedio de 107,5 puntos, es decir, 2,3 puntos (un 2,2 %) más que en noviembre, con lo que aumentó por séptimo mes consecutivo.” (Ver: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ )
La urgente necesidad de aplicar la Ley de Abastecimiento
En nuestro país, los principales productores de alimentos pertenecen al sector que más se enriqueció durante el año pandémico. ¿La causa?: las enormes exportaciones de todo tipo de cortes de carnes, cereales, harina y demás productos a China. Debido a los roces que el régimen capitalista de Estado chino tuvo con el expresidente Donald Trump, y distintas problemáticas surgidas con la venta de carne y otros alimentos de Brasil, hicieron que el insaciable dragón chino pusiera sus ojos en Argentina. Los beneficiados fueron los grandes productores de alimentos. Los perjudicados, por la falta de mediación y control estatal, es el pueblo argentino.
A esta situación, se suman el contrabando, subfacturación y evasión de los grandes productores de alimentos, y de la cadena de venta en general. Es en este punto donde el Estado falla, al no controlar de manera decidida.
Las campañas cosméticas lanzadas por la casi desconocida secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que parecería que solo conoce renovar los “Precios Cuidados” y lanzar “diez cortes de carne a precios accesibles”, que en la práctica no solo terminan siendo caros, sino –y lo peor de todo- inaccesibles en las barriadas populares, puesto que las carnicerías no se suman a este programa, y solo queda limitado a los grandes supermercados y algunos mayoristas, no sirven para nada.
Se torna urgente la aplicación de la Ley de Abastecimiento, la descentralización del Mercado Central, para que en zonas de alta densidad poblacional se instalen “pequeños mercados centrales” (política que no se lleva a cabo por el lobby supermercadista), y potenciar con nuevos beneficios a la economía popular, para que los productores chicos y medianos de alimentos, puedan ofrecer sus productos a menores precios, en ferias populares a lo largo y ancho del país.
Un gobierno peronista, ante todo, prioriza la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sin acceso a alimentos de alto contenido proteínico, se pone en riesgo a generaciones de argentinos.
