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El Procurador general de Formosa Sergio López y el fiscal Rubén Gon, desbarataron una nueva operación político/mediática del canal Todo Noticias (TN) y el programa «Telenoche Investiga» de Canal 13, ambos pertenecientes al Grupo Clarín, contra el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, en la que se afirmaba que había 86 embarazadas “refugiadas” que no recibían asistencia del Estado provincial, supuestamente en el monte de la localidad formoseña El Potrillo. Hasta en el lugar mintieron, la operación fue filmada en un barrio de Ingeniero Juárez. Testimonios de vecinos del barrio, entrevistas a integrantes de las poblaciones originarias y con cifras oficiales de los gestantes en la zona, los funcionarios judiciales comprobaron que las mujeres denunciantes recibieron cinco mil pesos por parte del Canal de noticias del Grupo Clarín, en el marco de otra cruzada macrista/radical contra el gobierno peronista provincial.
El procurador general del Poder Judicial de Formosa, Sergio López, adelantó que “quedará a consideración del Estado provincial evaluar la articulación de las acciones legales correspondientes por los daños y perjuicios generados” por el falaz y mentiroso informe televisivo emitido el pasado 11 de marzo por el canal Todo Noticias (TN), en el marco de un programa especial de “Telenoche Investiga” de Canal 13, ambos del Grupo Clarín. Una nueva cruzada político/mediática contra la gestión del peronista Gildo Insfrán.
La investigación judicial constató que las 86 mujeres originarias de la etnia Wichí del oeste formoseño, que aparecieron en dicha operación político/mediática disfrazada de “informe periodístico”, no solo no estaban embarazadas, sino que recibieron por parte del Grupo Clarín $5000 por sus falsas declaraciones.
“Se logró demostrar el ofrecimiento económico de $5000 para aquellas mujeres que quisieran participar del programa por parte de periodistas de los canales porteños antes mencionados, una dirigente, más un abogado y expolicía”, confirmó el procurador López.
“Quedará a consideración del Estado provincial evaluar la articulación de las acciones legales correspondientes, por los daños y perjuicios que generó la publicación del informe televisivo”, sostuvo.
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Etapas de la investigación
Refiriéndose a las actuaciones judiciales, el procurador general del Poder Judicial reseñó cada una de las acciones realizadas a los fines de dilucidar los hechos mediáticos que se habían presentado el pasado 11 marzo a las 21 horas por parte de los canales porteños 13 y TN, en el marco de un envío especial de “Telenoche Investiga”, donde se visibilizaba supuestamente mujeres embarazadas.
Según el relato mediático falazmente dado a conocer, 86 mujeres embarazadas de la comunidad originaria Wichí estaban en el monte aterradas porque eran perseguidas por miembros de la Policía provincial, quienes las llevaban a Centros de Alojamiento y si se encontraban en término de tener sus hijos, les practicaban cesárea y las separaban de ellos.
“El día posterior a la difusión del programa (12 de marzo), desde la Procuración se había dispuesto una investigación de oficio, aunque igualmente recibimos una denuncia por parte del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, en la que solicitaba que nos abocáramos inmediatamente a dilucidar lo que se había expuesto, y también que extrememos profusamente la investigación para poder establecer con exactitud la veracidad o no de los hechos presentados en el informe”, comenzó.
Así, se dispuso la sustanciación conjunta desde la Procuración General con la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial a efectos de llevar adelante una investigación preliminar. La misma consistió en recabar todo el caudal probatorio para poder establecer acerca de la existencia de lo que se presenta como noticia “criminis”.
El procurador general de Formosa, Sergio López
Además de esto, se tuvo en cuenta que “como se indicaba a la Policía de la provincia como partícipe de esta situación, a título de valiosa colaboración institucional se solicitó la intervención de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional con asiento en la provincia, más específicamente en el Escuadrón XIX de GN en Ingeniero Juárez, para que acompañara en el cumplimiento de todas las decisiones que se iban a tomar, en la sustanciación de este legajo de investigación, por parte del secretario de la Procuración General, el doctor Villamayor; y el fiscal subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial de Formosa, el doctor Gon”, abundó.
De esa forma, constituida la comisión judicial ese mismo 12 de marzo, inmediatamente procedió a trasladarse a Juárez para comenzar a trabajar.
La primera medida dispuesta fue la visualización de todo el contenido del programa en los distintos soportes magnéticos, que se hizo mediante una audiencia pública, que se llevó a cabo en la Gendarmería Nacional.
De la misma, se invitó a participar a todos los miembros de las comunidades originarias de Juárez.
Reveló que ello “permitió conocer la identidad de las mujeres que habían participado del programa, porque más allá de que trataron de tapar sus rostros, al escuchar sus voces fueron individualizadas con sus nombres y apellidos”, e inclusive las personas manifestaron en ese momento que “era una mentira y que esas mujeres no estaban embarazadas”.
No obstante, la investigación siguió su curso y la siguiente medida fue mantener una entrevista con el responsable del Hospital de Ingeniero Juárez, el doctor José Fernández, en razón de que dicho nosocomio es cabecera del distrito sanitario de los Departamentos de Matacos y Ramón Lista; y en consecuencia, recibe toda la información de los centros de salud que se encuentran ubicados en esos departamentos.
“Entonces, lo que se buscó desde la Justicia es poder saber la situación de las mujeres gestantes que se atienden en el sistema de salud provincial y si efectivamente estaban registradas estas personas como embarazadas”, afirmó, precisando que la entrevista entre el doctor Fernández y la comisión judicial duró más de dos horas.
Allí se logró acceder a las historias clínicas de estas personas, “quedando demostrado a las claras que no estaban embarazadas”; y que además “superaban los 50 años de edad, incluso hay una mujer de 60 años. Y la única que estaba en el programa y que contaba con un registro de embarazo tiene 35 años y había tenido su bebé en el año 2011”, dilucidó.
Otro dato que arrojó la investigación, al quedar individualizadas estas personas por los miembros de la propia comunidad de Juárez, “es que tal informe no fue en El Potrillo, sino que todo ocurrió en un barrio de Ingeniero Juárez”.
“Por lo tanto, el siguiente fue trasladarse hasta el lugar –consignó el procurador López-. Se trataba de una zona boscosa de Juárez, donde guiados por los testigos, la comisión judicial pudo apreciar algunos vestigios de lo que había sido el armado de alguna vivienda precaria, que se había visto en las imágenes” difundidas por los canales porteños.
Tras esto, la comisión fue al Escuadrón, donde se comenzaron a recabar testimonios de personas que espontáneamente se fueron acercando.
Además, según contó a AGENFOR, el propio funcionario judicial habló personalmente tanto con el responsable del Escuadrón, como de la Agrupación de GN, para solicitarles que se practicara un amplio informe socioeconómico y ambiental de las comunidades de El Potrillo.
Esta decisión, añadió, obedecía a que esa localidad estaba siendo indicada como el lugar donde supuestamente sucedieron los hechos.
Operación político/mediática del Grupo Clarín contra el gobernador peronista Gildo Insfrán
Hizo notar que la tarea demandó una semana y que si bien se hizo de manera muy profusa, detallada y satisfaciendo todos los requerimientos; “los resultados no arrojaron ningún dato relevante” para la investigación.
Por el contrario, “se estableció cómo estaban conviviendo y que no había ninguna situación que ameritara ser judicializada. Además, de conocer cuál era el cuadro sanitario, es decir, todo lo que atendía el Estado en materia de salud”, completó.
Asimismo, se identificó con exactitud la cantidad de mujeres embarazadas en ambos Departamentos, “logrando corroborar que todas estaban siendo asistidas debidamente” por los hospitales de Ingeniero Juárez, El Potrillo o El Chorro.
“En cuanto a la información objetiva de las personas embarazadas en esa zona, se desprende que para el 11 de marzo en el hospital de Ingeniero Juárez se tenían registradas 38 mujeres embarazadas”, certificó.
Estas personas contaban con los controles prenatales brindados por el sistema de salud provincial necesarios para garantizarles a las mujeres gestantes el nacimiento adecuado de su bebé, indicó el procurador.
“Toda la diligencia investigativa se hizo a través de audiencias públicas, lo que quiere decir quien quería participar lo podía hacer, obviamente a los fines de dar su aporte e inclusive estaba a la vista de quienes trabajan la dependencia del Escuadrón de GN con asiento en Juárez”, añadió.
“Todos coincidieron en la molestia generalizada por esta mentira que ellos lo llamaron un gran montaje que se había hecho quedando evidenciado con los testimonios”, marcó y además “se logró demostrar el ofrecimiento económico de $5000 para aquellas mujeres que quisieran participar del programa, por parte de periodistas de la señal de noticias porteña, una dirigente, más un abogado y expolicía”.
Ministerio de Desarrollo Humano
Según refirió el procurador López, “la investigación no concluyó allí, sino que se continuó por casi dos semanas”, ya que “el informe más profuso que tuvimos y más extenso fue el que presentó el Ministerio de Desarrollo Humano”.
Remarcó que al organismo se le requirió que “acercara oficialmente toda la documentación necesaria para respaldar las acciones que el Estado en el área sanitaria estaba llevando adelante respecto a las mujeres embarazadas, a los fines de establecer en detalle la trazabilidad de las políticas públicas, sobre todo en lo que es la prevención del embarazo”.
Por ende, “el minucioso informe del MDH sirvió para esclarecer cuáles son las políticas preventivas del Estado en la cuestión de embarazos para tener en claro cómo es la ejecución de los distintos planes sanitarios”, apuntando que “también intervino la Secretaría de Menores e Incapaces de la Tercera Circunscripción para poder saber si había alguna situación que haya sido judicializada que involucrara la vulneración de los derechos del niño, adolescentes, púberes o personas de la tercera edad”.
A esto se sumaron distintos informes de Juzgado de Paz de Juárez, la Municipalidad y el Concejo Deliberante del lugar, para dilucidar si alguien tenía conocimiento y aportara datos concretos a la investigación.
Lo propio sucedió con el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de la provincia, “organismo que aportó todas las políticas públicas en las que son beneficiarias estas comunidades originarias que habitan nuestro extenso territorio”, denotó el procurador López finalmente.
