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Tras la denuncia presentada por los diputados nacionales del FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, el fiscal Gerardo Pollicita abrió una investigación por instrucción del juez federal Daniel Rafecas, contra el empresario-presidente Mauricio Macri y dos de sus exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por intentar vender a precio vil las centrales termoeléctricas «Ensenada de Barragán», ubicada en Ensenada, y «Brigadier López», ubicada en la provincia de Santa Fe.
El pasado 1º de noviembre de 2017, el gobierno de la alianza Cambiemos autorizó a través del decreto 882/201, la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de ambas centrales, operaciones para ser llevadas adelante por el Ministerio de Energía, entonces a cargo de Juan José Aranguren.
Según datos consignados en la denuncia, la central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
“¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores del FpV-PJ en su denuncia
Además de Macri, Aranguren e Iguacel, están siendo investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
