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En el texto de la denuncia se hace referencia al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, resultó sorteado este martes para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El sorteo se realizó durante la mañana de este martes en la Cámara Nacional de ese fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, en la que también quedó radicada otra denuncia presentada ayer por los mismos hechos por el exjuez Eduardo Freiler, informaron fuentes judiciales.
El material bélico puesto a disposición del gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
De acuerdo a documentación incorporada a la denuncia, ese inventario de municiones no habría sido el definitivo: en julio del 2020, el Comandante Mayor Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, Carlos Miguel Recalde, emitió una nota en la que dejó constancia que unos 70.000 cartuchos antitumulto se habrían utilizado en Bolivia en maniobras de “entrenamiento”.
Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y «Patricia Bullrich (exministra de Seguridad), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas) y Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)», según la presentación judicial.
En la denuncia del Gobierno, el fiscal será Claudio Navas Rial, el mismo que interviene en la denuncia formulada por el excamarista federal Freiler, que cayó en el juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo del juez Alejandro Catania, actualmente subrogado por su colega Rafael Caputo.
Los magistrados que recibieron ambas denuncias deberán decidir ahora si se unifican y, en tal caso, en qué juzgado: la primera denuncia por número de radicación es la presentada por Freiler en la cual el juez Caputo ya delegó la investigación en el fiscal Navas Rial, mientras que en el otro expediente el magistrado López Biscayart le requirió a los funcionarios denunciantes que en el plazo de 72 acompañen la documentación citada.
La denuncia presentada por el Gobierno aludió a los delitos de «contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación».
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