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También quedaron imputados el exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde. El fiscal Claudio Navas Rial presentó un requerimiento de instrucción para que se investigue si hubo un “contrabando agravado” de armas a Bolivia en apoyo al golpe de Estado; el caso se inició por una denuncia del Gobierno nacional.
El escrito que presentó hoy Navas Rial es un requerimiento de instrucción, en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia. El fiscal no incluyó, en cambio, otras medidas que había solicitado el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
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