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La jueza federal María Servini de Cubría, dispuso la declaración como testigo del presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, en la causa conocida como «Mesa Judicial» del anterior gobierno macrista/radical/lilito, por 59 llamadas con el operador judicial de Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, quien continúa prófugo en Uruguay. Sebastián Paladino, exsubdirector de AFIP entre 2016 y 2019, es el primer procesado en esta causa.
La magistrada adoptó las dos decisiones en el mismo expediente en el que aún espera tomarle declaración indagatoria a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy en Uruguay a la espera de que se resuelva su pedido de asilo político.
En este sentido, Servini consideró que Paladino, quien se desempeñó durante toda la gestión del ex presidente Mauricio Macri, fue quien dio la orden para poner en marcha el mecanismo de supuesta persecución contra De Sousa y su socio, Cristóbal López.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tendrá que declarar como testigo por las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y que fueron detectadas como parte de la causa en la que Pepín está imputado por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, la misma por la que no quiere volver de Uruguay.
En cuanto a Rosenkrantz, Servini dispuso su declaración como testigo, a través de la plataforma Zoom, para el 26 de agosto próximo, a las 14:00. Rosenkrantz registra una serie de comunicaciones con Rodríguez Simón que, según las fechas consignadas, exceden el período en que se produjo su designación como juez de la Corte, primero mediante decreto y luego respetando el procedimiento constitucional.
Rodríguez Simón explicó, en una entrevista televisiva que concedió desde Uruguay, que tenía una amistad de antigua data con Rosenkrantz, y el propio Macri admitió que fue su “asesor” judicial quien recomendó su nombre para ocupar un cargo en el máximo tribunal.
La lista de testigos incluye también a María Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre Paladino, la jueza le imputó conductas «arbitrarias» en el desempeño de sus funciones, pues implementó una herramienta de inspección que fue utilizada en el Grupo Indalo, en las empresas vinculadas Lázaro Báez, mas no en otras empresas en condiciones similares.
«Para nada se está reprochando las facultades que la AFIP tiene para fiscalizar a los contribuyentes», aclaró Servini, pero contrapuso que Paladino actuó con «discrecionalidad y arbitrariedad».
