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Por Jorge Elbaum*. Cada vez se hacen más difusos los recuerdos de las vivencias de aquel fatídico 18 de julio de 1994 pero más fuerte la indignación por la impunidad que rodeó al esclarecimiento del atentado a la AMIA que se cobró 85 vidas y centenares de heridos.
Las maniobras para encubrir, crear pistas falsas, destruir pruebas y entorpecer la investigación empezaron el mismo día del atentado y seguramente formaron parte integral del plan terrorista. A los pocos días los gobiernos de Israel y de nuestro país decidieron crear un relato común como ha quedado probado por documentos obrantes en el Ministerio de RR.EE. de nuestro país. A partir de ese momento el esclarecimiento del atentado quedo inmerso en el juego geopolítico internacional y todo se subordinó a los intereses involucrados. La Verdad y Justicia dejó de ser un objetivo, salvo para los familiares de las víctimas y los sectores populares y democráticos del pueblo argentino que los apoyaban.
Para los poderes de turno y para las dirigencias de la DAIA y la AMIA, Verdad y Justicia solo le servían para repetir la letanía de una exigencia vacía y sin convicción porque al mismo tiempo apoyaban sin retaceos la investigación encubridora llevada adelante por el ex juez Juan José Galeano y sus fiscales, que se derrumbó estrepitosamente en el juicio a la presunta conexión local llevada a cabo por el TOF 3 que culminó en el año 2004, sacando a la luz la trama del encubrimiento.
A partir de entonces se recorrió un largo camino para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del encubrimiento. Fue una carrera llena de obstáculos que solo la tenacidad de los familiares más comprometidos en el castigo a los culpables del encubrimiento pudo sortear. Da indignación reconocer que la conducta de la dirigencia, de la DAIA y la AMIA -salvo pocas excepciones- fue poner palos en la rueda para que no se llegara al juicio por el encubrimiento. Cada vez que había un avance en esa dirección ponían el grito en el cielo: “no se debería perder tiempo en ‘investigar la investigación’ mientras los asesinos están libres”. Juzgar el encubrimiento era la única esperanza que de allí surgiera una pista o alguien que se quebrara y pudiera reconducir la investigación principal que llevara a los autores intelectuales y materiales del atentado.
Finalmente hubo juicio a los acusados de encubrimiento que finalizó a principio de este año. En la sentencia del TOF 2 quedó plenamente probada la existencia de un complot para encubrir el atentado en el que participaron las máximas autoridades ejecutivas del país, jueces, fiscales, miembros de los servicios de seguridad y hasta el máximo dirigente de la DAIA de ese momento. Pero este juicio tampoco se salvó de las maniobras para que fracase o de mínima, que algunos de los responsables eludan la condena y para los condenados que éstas sean lo más leves posibles. Además de los propios acusado, lo que era lógico esperar, participaron activamente en esta conducta las querellas de la DAIA y la AMIA y el gobierno macrista directamente a través del Ministro de Justicia Germán Garavano. Esto fue denunciado por el ex titular de la Unidad Especial AMIA de dicho Ministerio, Mario Cimadevilla, que renunció en enero de este año por las presiones para que retire la acusación de la querella del Estado contra los fiscales Mullen y Barbaccia, los que igualmente fueron condenados.
La repartición de responsabilidades entre los llevados a juicio y las penas impuestas no estuvo a la altura de la magnitud del hecho juzgado ni de las pruebas acumuladas. Pero esto no invalida el núcleo de la sentencia donde quedó demostrada la existencia del delito de encubrimiento el que fue calificado por los jueces en su sentencia como “grave violación de los derechos humanos”.
La falta de voluntad en profundizar la investigación tienen como contracara los intentos para aprobar en el Congreso una ley que permita el juicio en ausencia. Además de la inconstitucionalidad de la misma es claramente, como lo han denunciado los familiares, una maniobra para cerrar la causa, garantizando la impunidad y mantener latente el usufructo geopolítico de la ultra derecha de EE.UU y la de Israel que ha primado durante 25 años.
EL LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y compromete su solidaridad y acompañamiento como lo ha venido haciendo desde su fundación, en su lucha inclaudicable por Verdad y Justicia. ¡Basta de impunidad!
*Presidente de EL LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO
Marcelo Horestein (Secretario General)
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