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A pocos días de las fiestas, el Gobierno de Javier Milei profundiza sus políticas antilaborales tras anunciar el despido de 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia. La medida se enmarca dentro de un ajuste más amplio que afecta tanto a la administración pública como a la estructura interna del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó las contrataciones realizadas durante décadas bajo condiciones irregulares, apuntando particularmente al ente cooperador Acara, a través del cual estos empleados habían sido incorporados.
El Ministerio de Justicia, en su última resolución, despidió a más de 2.400 empleados contratados de manera irregular a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Según Adorni, estos contratos fueron gestionados fuera del marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que hace que sean considerados «irregulares». En conferencia de prensa, el portavoz del presidente señaló que estas contrataciones fueron parte de un sistema corrupto que benefició a pocos en detrimento de muchos, y que era necesario eliminar para «hacer justicia» y sanear el Estado.
“El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, explicó Adorni.
Recortes adicionales y eliminación de incentivos
El vocero presidencial también confirmó que se suprimieron los «incentivos» al personal del Ministerio de Justicia, los cuales representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Según explicó Adorni, estos incentivos fueron inicialmente destinados a capacitar a los empleados, pero con el tiempo se transformaron en un añadido al salario sin que realmente se llevaran a cabo las capacitaciones. Esta medida, que forma parte del plan de austeridad del Gobierno, fue justificada como una manera de eliminar «cajas» y “curros” del sistema, donde, según el Gobierno, pocos se beneficiaban de un gasto público que debía estar destinado al bienestar de todos los argentinos.
La reforma del Ministerio y la respuesta de los sindicatos
Esta política de ajustes no es algo nuevo. Hace meses, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había adelantado la implementación de reformas profundas dentro de Acara. «Vamos a seguir cerrando registros, como prometimos, pero queremos encarar una reforma de fondo del sistema», declaró en julio. Sin embargo, la noticia de los despidos fue recibida con fuertes críticas de parte de los sindicatos, que denunciaron lo que consideraron un ataque a los trabajadores.
En la primera semana de noviembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había advertido sobre la persecución laboral que sufrían los empleados, quienes, según el gremio, eran amenazados con despidos o se les pedía aceptar contratos precarios a cambio de perder sus derechos laborales.
A pesar de las denuncias, el Gobierno de Milei ha mantenido su postura de llevar adelante una reestructuración del Estado. En su discurso del 10 de diciembre, el presidente destacó los recortes en el empleo público como uno de los logros más significativos de su gestión. “Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás”, afirmó Milei, subrayando que su administración busca eliminar los «privilegios» heredados y promover un Estado más eficiente.
El impacto de los despidos y las políticas de ajuste
La eliminación de estos puestos de trabajo se inserta en un panorama de recortes generalizados que afecta a diferentes áreas del gobierno. Los despidos no solo impactan en los trabajadores directamente afectados, sino que también generan un ambiente de incertidumbre en el empleo público, un sector que históricamente ha sido una fuente importante de estabilidad laboral en el país.
Por otro lado, el ajuste en las políticas públicas también incluye la reducción de los beneficios sindicales. Un ejemplo de esto fue el recorte a la UTA, la cual hasta ahora tenía la exclusividad de los cursos de capacitación obligatorios para los conductores profesionales de transporte público. En lugar de seguir con este sistema, el Gobierno ahora permite que cualquier prestador del sistema pueda ofrecer estos cursos.
Los sindicatos no tardaron en organizarse ante la decisión del Gobierno. Los trabajadores del Ministerio de Justicia se agruparon en asambleas y comenzaron a presionar a ATE y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para enfrentar lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales.
