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El próximo domingo 1º de marzo, el presidente Albero Fernández dará inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, luego de brindar el habitual discurso que trazará los principales lineamientos políticos del período 2020. Los avances en la negociación con el FMI, el aumento de retenciones, los próximos conflictos en puerta. La reforma judicial y los proyectos de ley que apuntan a las jubilaciones de privilegio, la creación del Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial, el Consejo Económico Social y el Aborto libre, legal y gratuito.
A menos de tres meses de haber asumido la presidencia, Alberto Fernández comenzó a trazar un nuevo camino político, social y económico, en una Argentina devastada tras el paso arrasador del neoliberalismo encarnado por cuatro años de gestión del PRO-UCR-ARI en Cambiemos.
En este sentido, el próximo domingo 1º de marzo, el Presidente de TODOS, inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, tras brindar el habitual discurso de ocasión que estará atravesado por las leyes que irán a sesiones ordinarias. También estarán el agenda el casi probable aumento en las retenciones a la soja y al aceite de soja, como así también la necesaria reforma de las jubilaciones de privilegio; los posibles conflictos con corporaciones en puerta, los avances de las negociaciones con el FMI y el cuidado con los equilibrios fiscales, entre otros temas.
Los principales proyectos de ley que el oficialismo enviará el Congreso este año, son:
– Reforma judicial
– Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial
– Consejo Económico Social
– Aborto libre, legal y gratuito (Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo)
Otras iniciativas del Gobierno estarán vinculadas con el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando. El paquete de normas que propondrá el jefe de Estado, no contiene leyes “mordaza” o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.
