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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger diseña un plan para disolver decenas de organismos por decreto, apoyado en las facultades delegadas al Ejecutivo para «modificar o eliminar las competencias y funciones» de entes públicos.
El Gobienro nacional trabaja sobre una serie de decretos para acelerar el posible cierre de alrededor de 60 organismos públicos, como parte de las iniciativas de reforma del Estado que recaen actualmente en la órbita del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario viene trabajando en esa dirección desde marzo, con la intención de reducir la estructura del organigrama estatal sin la necesidad de someterse a las voluntades del Congreso.
Si bien no está definida la nómina de los organismos a disolver ni el plazo puntual para su eliminación, la duración de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo tras la sanción de la Ley Bases es de 12 meses, durante los cuales se “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes.
Como habitualmente sucede, desde Casa Rosada, argumentan que se trata de organismos cuyas funciones estarían «duplicadas”, y también arremeten contra la administración anterior por la supuesta creación de entes públicos concebidos para «crear cajas» o bien para «ubicar militantes”.
Sturzenegger encara dicha tarea en colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, junto a quienes lima detalles de el o los decretos en preparación.
Tal como lo determina el Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) contiene 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados.
Uno de los organismos que se encuentra en el radar del Gobierno para su cierre es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi): de hecho, Manuel Adorni anticipó en febrero su cierre definitivo, que todavía no llegó a concretarse.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve) también entrarían en la lista de organismos sujetos a la desregulación.
A la reconocida Ley Hojarasca, marca distintiva del extitular del Banco Central, se le suma la tarea de hacer valer las facultades extraordinarias que posibilitan que el presidente Javier Milei pueda “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes.
Con la Ley Bases, quedaron fuera de alcance presidencial el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA, SENASA, entre otros organismos.
Quién será el representante del Ejecutivo en el Consejo de Mayo
De esta forma, y con el avance en materia de desregulación como eje clave, en la administración libertaria ven con buenos ojos a Sturzenegger para ser quien ocupe el lugar de representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de Mayo.
Tras la firma del pacto con 18 gobernadores, el Gobierno avanza en la conformación del organismo que trabajará en la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo que se firmó el pasado 9 de Julio, en la provincia de Tucumán.
Para eso, además de la presidencia de la mesa colegiada que ocupará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como se establece en el decreto 617/2024 en el que se oficializó la creación, se debate el nombre del Consejero que propondrá el Ejecutivo.
Si bien aún no hay confirmación oficial, la agencia Noticias Argentinas confirmó que el flamante ministro tiene varias fichas a su favor. “Federico (Sturzenegger) es un muy buen candidato para ocupar ese rol porque tiene en claro la agenda hacia donde hay que ir”, destacó un estrecho colaborador del jefe de Estado.
A pesar de la preferencia, en la administración libertaria tampoco descartan al vocero presidencial, Manuel Adorni, ni al diputado José Luis Espert, de estrecho vínculo con el mandatario, para la silla aún vacante.
La definición llegará con el correr de los días -hay tiempo hasta 30 después de la publicación del decreto- mientras aguardan la designación del consejero propuesto por las provincias firmantes y la Ciudad de Buenos Aires; el funcionario que representará a la Cámara de Senadores; y el que hará lo propio por Diputados. También resta la designación del referente de las organizaciones sindicales y el del sector empresarial.
