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La oposición al oficialismo en Venezuela, se caracteriza por desestabilizar y ausentarse de los debates legislativos. Acá sucede lo mismo. Los senadores macristas y radicales, decidieron oponerse con su ausencia en el recinto, a dos proyectos de vital importancia estratégica para el país, convertidos en ley en la Cámara Alta: la actualización de los montos de sanciones y multas para la pesca ilegal en el Atlántico Sur, y la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), a fin de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas en base a la sustitución de importaciones, y un fuerte fomento de la industria y el trabajo argentinos. Por votación de las mayorías, se extendieron por 60 días las sesiones remotas.
El Senado de la Nación, salvo los legisladores pertenecientes al tridente desestabilizador macrista/radical/lilito -ausentes en su responsabilidad de legislar- convirtieron en ley dos proyectos de notable interés estratégico para el país: la actualización de los montos de sanciones y multas para la pesca ilegal en el Atlántico Sur, y la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Ambos proyectos contaban con media sanción de Diputados.
En este sentido, los senadores presentes votaron la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un necesario y postergado proyecto, que apunta a financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Este proyecto apunta fundamentalmente a favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.
El FONDEF estará integrado con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.
Este aporte será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional. Además, podrá conformarse con aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional.
Más soberanía: quedó actualizada la ley de nuevos montos de sanciones y multas para la pesca ilegal en el Atlántico Sur
El proyecto realiza modificaciones en el articulado de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) a fin de actualizar los montos de sanciones y multas. En este sentido, propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a la iniciativa, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares. Además, se modifica el artículo 54 y se añade que, tratándose de embarcaciones extranjeras, los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional como consecuencia de la comisión de infracciones a la mencionada ley correrán por cuenta de su propietario.
El Senado revocó el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli
La Cámara Alta aprobó esta tarde, por unanimidad, en sesión especial, el rechazo a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri El Frente de Todos defndió los dictámenes sin la presencia de Juntos por el Cambio, que abandonó el recinto en rechazo a la prórroga de las sesiones virtuales.
Tanto Bruglia como Bertuzzi eran jueces del Tribunal Oral Federal 4 cuando fueron trasladados en 2018, por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, a la Cámara Federal porteña, primera instancia de apelación de la docena de juzgados federales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación fue considerada «irregular» por el Consejo de la Magistratura, a instancias de un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, que detectó 10 casos de asimetrías evidentes entre el tribunal de origen y el de destino.
