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Profunda reforma laboral, previsional regresivas, desregulación total del mercado eléctrico, más ajuste a las provincias y los municipios, ninguna quita de impuestos y presentación de un Presupuesto 2026 con fuertes recortes en Educación, Salud y Asistencia Social, son-entre otros puntos- las exigencias que impone el Fondo Monetario Internacional tras inyectar 12 mil millones de dólares del nuevo empréstito que ya forma parte de la abultada deuda externa que la Argentina deberá afrontar obedientemente en las próximas décadas.
Una de las advertencias realizadas por el reporte del FMI, previo al desembolso de inicial de 12 mil millones de deuda externa, que el gobierno de Donald Trump apuntaló para blindar el debilitamiento económico de la gestión de Javier Milei, advierte entre otros puntos que: “Argentina aún no ha reingresado a los mercados internacionales de capitales y enfrenta grandes pagos de servicios de deuda en divisas a acreedores privados y oficiales en el corto y mediano plazo. La inflación sigue siendo alta y persisten las preocupaciones sobre la calidad de los activos del banco central. Persisten obstáculos estructurales para el crecimiento y la competitividad, entre otras cosas, debido a un sistema tributario ineficiente y complejo, una economía todavía relativamente cerrada y una flexibilidad limitada, aunque en mejora, en los principales mercados laborales y de productos. Mientras tanto, la situación social sigue siendo delicada, con alrededor del 38 por ciento de la población que sigue viviendo en la pobreza y con elevados niveles de informalidad”.
A lo largo del reporte, el Fondo advierte sobre la necesidad de reformas estructurales que respaldarían al programa y específicamente menciona:
1)Desarrollar una reforma tributaria neutra en cuanto a los ingresos que mejore la equidad y la eficiencia del sistema.
2) Desregular el mercado eléctrico mayorista con el objetivo de impulsar la inversión y, en última instancia, mejorar la viabilidad del sector.
3) Presentar al Congreso un informe de diagnóstico y una propuesta de reforma de pensiones.
4) Eliminar todos los fondos fiduciarios (con la excepción del fondo fiduciario para subsidios de gas residencial).
5) Elaborar un plan para racionalizar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, a fin de mejorar también su gobernanza.
6) Publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley Bases, junto con lineamientos y un plan para su privatización y concesión.
7) Completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social para mejorar la focalización y la eficacia de la asistencia social.
8) Elaborar opciones para reformar el complejo sistema de distribución de ingresos entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales.
9) Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, consistente con la regla de déficit presupuestario global cero, con un marco fiscal de mediano plazo, y un estado de riesgo fiscal detallado y escenarios adversos.
10) Presentar un plan para “modernizar” la Legislación de Responsabilidad Fiscal.
11) Mejorar los riesgos transfronterizos y la implementación de exenciones basadas en el riesgo para”mejorar” la eficiencia del sector público.
Textualmente, el acuerdo señala: “Mientras tanto, seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario”.
La “letra chica” del acuerdo con el Fondo Monetario incluye la exigencia de “una reforma del sistema de coparticipación de ingresos y los marcos de responsabilidad fiscal”, observa también el exlegislador. Y se agrega: “Esto es necesario para equilibrar mejor los incentivos para la eficiencia y la disciplina fiscal en los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con el acuerdo de Pacto de Mayo de 2024 firmado por la mayoría de los gobiernos provinciales”.
En su comunicación oficial, el organismo internacional llama a sostener «una disciplina de gasto continua, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas». Dos de esas reformas, pide el Fondo, deben ser la «del sistema de coparticipación de ingresos y de pensiones».
La Coparticipación Federal ha sido objeto de observaciones por parte del FMI, que históricamente ha exigido imponer límites vinculantes de deuda y de déficit para las administraciones provinciales, fortalecer la capacidad recaudatoria de las provincias y aprobar una nueva ley de Coparticipación.
Por otra parte, el Fondo exige reformar el sistema jubilatorio argentino, precisamente cuando jubilados y pensionados cargan sobre sus espaldas con el mayor esfuerzo del ajuste global ejecutado por Javier Milei. El organismo internacional pide aumentar la edad jubilatoria: pasaría de los actuales 60 a 65 años para las mujeres; y de los actuales 65 a 68/70 años para los varones. También exige aumento de los años de aporte: de 30 a 35 años; así como implementar un subsistema de capitalización individual, al estilo de las AFJP, que conviva con el sistema de reparto. El Fondo también reclama que se terminen definitivamente los planes de pago de deuda previsional, conocidos como “moratorias”. Esto es algo que no ha renovado la actual gestión, aunque la oposición se propone reflotar.
