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Se trata de Natalio Lattanzi, de Rufino (Santa Fe), que recibió dos años de condicional. También lo inhabilitaron para ejercer cargos. «Apelaremos en todas las instancias», avisó al insistir con su inocencia.
El macrista Natalio Lattanzi ganó las PASO de Juntos por el Cambio y se consagró como candidato opositor para la reelección en Rufino, Santa Fe. Pero mientras está de campaña rumbo a las generales acaba de recibir una mala noticia en el plano judicial: la Justicia lo condenó en una causa por «negociaciones incompatibles» en torno a una licitación en la que está involucrada una empresa familiar.
Lattanzi, hombre del PRO en la ciudad, que banca la candidatura de Patricia Bullrich, está en la mira de la Justicia provincial desde 2016, cuando una denuncia realizada en el Concejo Deliberante de su ciudad alertó sobre una maniobra sospechosa. Lo que advertían, por aquel entonces, era que la pareja de Lattanzi, Marisol Raspo, se había presentado con la empresa familiar «Transporte La Rubia» a una licitación pública municipal para la adquisición y traslado de 7.500 toneladas de piedra dolomítica en el marco de una obra de consolidación de calles.
El monto de esa licitación se había fijado entonces en $2.976.600. La firma familiar estaba integrada, en ese entonces, por la propia Raspo como socia gerente, y Natalio Adelio Lattanzi, hijo del intendente, y su madre Emilia Romacho.
El episodio se investigó durante unos años hasta que la causa fue elevada a juicio en 2019. El proceso, en tanto, se inició el 12 de junio pasado: en poco más de un mes, el juez Aldo Baravalle logró comprobar un grado de culpabilidad del dirigente político y lo condenó el pasado 31 de julio a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Raspo, su pareja, recibió un año y tres meses de pena, ya que para el juez intervino en calidad de partícipe necesaria.
Asimismo, fue absuelto en el marco de una acusación por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de deberes de funcionario público, puesto que no se concretó la contratación y tampoco se pudo avanzar en una acusación paralela por omisión maliciosa de datos en la presentación de sus declaraciones juradas como intendente.
El propio Lattanzi dijo que se trata de una acusación política empujada por la oposición, aunque reconoció que tuvo un 5% de acciones de la empresa de transportes familiar que se presentó en la licitación pública, cuya socia gerente es su mujer. «Fue una oferta, no hubo adjudicación ni contratación. Las ofertas eran abiertas y todo el mundo se podía presentar, y en ese caso se rechazó la oferta de la empresa familiar por una cuestión de la Ley de Ética, a pesar de que era la más barata, y otras que no cumplían con los requisitos formales», afirmó ante los medios.
Los planteos de la acusación y la defensa
El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Mauro Menéndez, sostuvo que Lattanzi se interesó como intendente en la adjudicación de dicha licitación, en la que habría intervenido como presidente de la Comisión Evaluadora y de Adjudicación. Según el fallo al que accedió PERFIL, la maniobra fue «frustrada por la oposición de integrantes de la Comisión evaluadora, por ser una empresa familiar, evitando la adjudicación y posterior pago del monto de la licitación».
