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El dólar permite a los delincuentes esquivar la devaluación de una moneda local y mover dinero con más facilidad entre países, en momentos en que los grandes grupos criminales se han internacionalizado.
El crimen organizado ha declarado la guerra al Gobierno de Ecuador. La ola de ataques, secuestros y atentados que se suceden desde el domingo ha sembrado el terror y ha evidenciado una crisis de seguridad inédita en el país, que en pocos años se ha convertido en «reino» de narcotraficantes.
Varios factores han provocado que estas bandas florecieran, entre ellos los efectos adversos de la pandemia, el retiro en los últimos años del Estado de zonas claves o el exitoso negocio del narco en una nación dolarizada y sin Banco Central. Estas dos últimas condiciones fueron promesas, por ahora no concretadas, del presidente libertario argentino Javier Milei.
La dolarización, que implantó en el 2000 el entonces presidente Jamil Mahuad, logró controlar la hiperinflación tras una profunda crisis financiera, pero aumentó la pobreza, salvo en los años del exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017), y redujo la capacidad del Estado de controlar la economía (al no poder gestionar la emisión monetaria).
Con el fin del correísmo y el sucesivo deterioro de la seguridad, las bandas criminales se fortalecieron mientras lavaban el dinero ilícito a sus anchas.
El dólar permite a los narcotraficantes evitar la devaluación y mover dinero con más facilidad entre países, en años en que los grandes grupos se han internacionalizado.
«No hay rastro cambiario»
«¿Cómo es que avanzó tanto el narco en Ecuador?», preguntó una periodista en 2023 a Daniel Noboa, entonces candidato presidencial.
«Primero porque no hay un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos. Porque estamos dolarizados y eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, porque no tiene que cambiar la moneda. Simplemente entran dólares y salen dólares. No hay el rastro cambiario», respondió el ahora mandatario.
Por su parte, el economista Ludwing Álvarez Rengifo destacó en una reciente entrevista con RT que el origen de la crisis «no es otro que económico». «Hay que atacar a la dolarización que es la que ha permitido que 23 años después de que Ecuador fuese sometido a ese régimen de política monetaria no adecuado, se comience a evidenciar que los centros criminales de todo el mundo han tomado a Ecuador como sede logística para poder generar distribución», aseveró.
Un informe del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) arroja datos escalofriantes: en 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares de dinero sucio en el sistema financiero, casi el triple que los 1.200 millones estimados entre 2007 y 2016.
«Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país dejan un saldo desalentador en lo social y lo económico: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico«, señala el informe.
Y continúa: «A esta economía del desastre social podemos sumar un efecto paradójico: la ‘estabilidad macroeconómica del narcotráfico‘, entendida como la capacidad que tienen los narco-dólares de penetrar en el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de la banca y brindar una falsa estabilidad financiera y monetaria, la cual es discordante con la salud de la economía real (empleo, producción y pobreza)».
https://twitter.com/GI_TOC_esp/status/1744900471020822552
Ecuador, «sede logística»
El presidente, que decretó el lunes el estado de excepción tras graves episodios en las cárceles, admitió que el país está inmerso en un «conflicto armado interno».
Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI–TOC, por sus siglas en inglés), Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, las dos mayores naciones productoras de drogas, se ha convertido en una «superautopista de la cocaína» debido al tráfico a gran escala a través de sus puertos del Pacífico.
Además de grupos locales, el país andino alberga organizaciones criminales internacionales, entre ellas, las de Colombia, México, Albania y China.
El aumento de la producción de droga y el tráfico ilegal de armas condujo a un crecimiento de las tasas de homicidio en la última década. Solo en 2023, alcanzó 7,07 puntos en la medición de GI-TOC, que supera la media global de criminalidad que es de 5 puntos.
Este indicador contempla delitos como trata de personas, contrabando de flora y fauna, extorsión, tráfico ilegal de armas, narcotráfico, comercio ilegal de productos falsificados, redes delictivas, mafias, crímenes electrónicos y financieros, organizaciones criminales transnacionales, entre otros.
En medio de esta situación, ninguno de los últimos gobiernos ha conseguido controlar el disfuncional sistema penitenciario, convertido en caldo de criminalidad y donde la superpoblación alimenta la violencia.
En este sentido, el expresidente Rafael Correa aseguró que la actual crisis no es responsabilidad de Noboa, «que lleva seis semanas en el cargo», sino de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a los que culpó de permitir la infiltración de las mafias del crimen organizado dentro del Estado.
El exmandatario, que durante su gestión dejó al país como el segundo más seguro de América Latina, reconoció que en la nación siempre hubo crimen organizado, pero matizó que la «diferencia crucial» es que ahora existe una «infiltración de las Fuerzas Armadas y de la Policía».
Ecuador registra en la actualidad 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le sitúa como el más violento de la región y uno de los cinco más violentos del mundo.
«Falta de oportunidades»
Durante una visita en septiembre a Ecuador, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, denunció que «la falta de oportunidades laborales y la mala educación han hecho que los jóvenes sean fácilmente reclutados por las bandas criminales».
«Estas pandillas, a su vez, están alimentando la pobreza al extorsionar a las pequeñas empresas, apoderarse de las escuelas e interrumpir la educación de niños y niñas, y generar tal miedo y desesperación que un número creciente de ecuatorianos simplemente están abandonando el país. Este círculo vicioso sólo podrá romperse si el país invierte más en su gente», advirtió.
Entre otras cosas mencionó que 4.500 millones de dólares destinados a subsidios de combustible en 2022 deberían haberse gastado en financiar escuelas y atención médica para las comunidades más pobres, y en incrementar la protección social.
«La alarma por el reciente aumento del crimen y la violencia en Ecuador, incluido el atroz asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, no debería distraernos de las causas profundas de esta inseguridad», matizó.
Fuente: RT
