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Luego de casi 100 días de negociaciones entre el Gobierno provincial y las familias que habían usurpado un predio en Guernica, tras las cuales el 85% de las mismas aceptaron retirarse pacíficamente, el juez de Cañuelas Martín Rizzo, rechazó un nuevo pedido de prórroga presentado por el ministro de Seguridad Sergio Berni, y ordenó el desalojo del predio. Desde el dirigente macrista Cristina Ritondo al variopinto universo de la izquierda trotskista, operaron políticamente para que la represión se torne inevitable, y el gobierno peronista bonaerense pague un costo político. Lamentable y repetido oportunismo político que lejos de beneficiar a las familias sin tierra y sin hogar, las termina perjudicando más.
Luego de las innumerables negociaciones que llevó a cabo el gobierno de Axel Kicillof, para evitar un desenlace violento, que a su vez fue fagocitado tanto por la derecha macrista/radical como por la variopinta izquierda trotskista (siempre funcional al espacio ideológico que dicen combatir), unos cuatro mil efectivos de la Policía Bonaerense, por orden del juez de Cañuelas Martín Rizzo, desalojaron el predio usurpado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón.
La orden de desalojo se había prorrogado tres veces por pedido de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo a la Comunidad, para poder negociar una salida consensuada con los ocupantes y que no intervinieran las fuerzas de seguridad.
Al cierre de esta nota, se registraron detenidos y continuaban los últimos focos de enfrentamiento con personas que no se sabe si son externas a la toma del terreno, o pertenecientes a las pocas familias que no habían consensuado una salida con el gobierno provincias.
