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Un informe gubernamental al que pudo acceder este medio revela que se otorgaron $357.500 millones al sector primario con tasas negativas.
La vieja fórmula de incentivar los comportamientos que se alinean a las necesidades de la política económica y castigar a aquellos que consideran que conspiran contra ella, vuelve a ganar espacio en el debate interno del Gobierno. Especialmente después de que se dispusieron una serie de medidas para intentar acelerar las ventas del complejo sojero.
Por fuera de los voluntarismos, se imponen las ecuaciones económicas. En un contexto de alta volatilidad como el que transita Argentina el sector sojero eligió ahorrar en su producido como forma de dolarizarse. Se trata de una cobertura ante una eventual devaluación. El efecto concreto es que en lo que va del año se comercializaron unas seis millones de toneladas menos que en el mismo período de 2021.
Si bien es cierto que la cosecha fue mayor el año pasado, la comparación porcentual también arroja una merma: para julio del 2021 un 40% de la soja tenía precio fijado y esa cifra cayó ahora al 30%. Al día de hoy hay unas 4 mil toneladas que están dentro del circuito comercial pero no se concretaron las ventas. Es decir, los productores le entregaron al exportador pero con “precio a fijar”.
En el Gobierno nacional reconocen que esto pudo sostenerse en parte por las condiciones crediticias atractivas que se ofrecieron al sector. Según datos oficiales, a través de la línea de Financiamiento a la Inversión Productiva, desde su creación, se otorgaron $2,49 billones a tasa real negativa. Aunque no todo fue aplicado a la soja, de ese universo un 14,3% fue dirigido al sector primario en su conjunto: unos $357.500 millones.
La mayor parte de ese dinero se desembolsó a través de los bancos públicos y la tasa efectiva siempre estuvo muy por debajo de las que se ofrece habitualmente. En algunos momentos se situó entre el 30% y 35%, aunque algunas entidades llegaron a ofrecer líneas al 21%. Con las sucesivas subas de tasas, hoy está en torno al 50%, con una inflación anual prevista por las distintas consultoras que releva el Banco Central del 90% para todo el 2022.
Si bien esta política colaboró con la acelerada recuperación industrial y el sostenimiento de empresas que tuvieron dificultades durante la pandemia, en el Gobierno hay quienes creen que por esa cantidad de pesos “baratos”, muchos productores tuvieron la oportunidad de vender a un menor ritmo su producción. Al mismo tiempo, señalan que tampoco se ofrecieron herramientas interesantes a donde volcar esos pesos excedentes.
“Hay muchos factores que explican la retención de granos, pero cuándo hay mucha brecha, es lógico que el productor espere una devaluación. Ahora si además te prestan plata barata, vas vendiendo solo lo que necesitas y cuando estás financiado, necesitás menos”, sintetizó un reconocido consultor del sector a este medio.
Según pudo saber Ámbito, el debate en el Gobierno está abierto. Existen distintas posiciones, hay quienes creen que hay que sostener el esquema como está, otros apuestan a subir fuerte las tasas para evitar la especulación y también hay un sector que plantea excluir al campo de este tipo de beneficios. En cualquier caso, la paritaria depende de una discusión más compleja que el equipo económico sostiene ahora para acelerar la liquidación de divisas.
Fuente: ambito.com
