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El organismo regulador de la energía eléctrica amplió la denuncia contra los directivos de Edesur y le solicitó a la Justicia que prohíban su salida del país.
Hace una semana, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) presentó una denuncia penal contra los directivos de Edesur, compañía que se encuentra interrumpida y administrada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. La investigación está en manos del juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini; mientras que las pesquisas son responsabilidad de la fiscalía de Ramiro González.
El pasado 16 de marzo, el interventor del ENRE, Walter Martello, confirmó la denuncia penal contra la compañía eléctrica, por los presuntos delitos de «defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos«.
A través de sus redes sociales, Martello comunicó que la Secretaría de Energía de la Nación le «exigió al ENRE que eleve el informe de estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión».
Este miércoles, fue el propio ENRE el que confirmó que se le solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la compañía eléctrica, a riesgo de que incurran en una fuga mientras avanza la investigación. La acción se da como consecuencia de los reiterados cortes de energía que se produjeron -y aún se sostienen- en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el sur y el sudoeste del conurbano bonaerense, afectando a más de 180.000 usuarios.
Algunos de los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez.
Como parte del accionar del gobierno nacional, y además de la intervención de Edesur durante 180 días, se ejecutarán $2.700 millones de sentencia a modo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio que se vieron afectados por los reiterados cortes.
