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Durante el gobierno de la alianza macrista/radical/lilito, espió a 354 personas y a 171 organizaciones políticas, durante sus cuatro años de gestión. «El Estado mafioso», tituló su informe final, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación.
Luego de casi un año de trabajo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación, presentó un informe en el que detalló el funcionamiento, entre 2015 y 2019, de un plan estatal de espionaje político ilegal. Entre las víctimas figuran opositores al macrismo/radicalismo como la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta y también, entre muchos otros, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. “Se creó una estructura estatal paralela y clandestina: una verdadera organización mafiosa”, concluye el informe. Del plan participaron sectores de la AFI, la Justicia Federal, el Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y de los medios de comunicación hegemónicos.
“Debido a que existieron operaciones en calle que vulneraron la Ley de Inteligencia Nacional y, por supuesto, el Plan de Inteligencia Nacional, es menester que el árbol no nos impida ver el bosque– reclaman los integrantes de la Bicameral–. El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en la calle, y a los receptores de la información, y no en cambio a los agentes que llevaron a cabo esa tarea. Así debemos preguntarnos: ¿quién es el receptor último de esa información de inteligencia? El presidente de la Nación”, concluye el informe en obvia referencia a Mauricio Macri
La coordinación del espionaje ilegal macrista/radical/lilito
“Este espionaje ilegal, en términos operativos, se instrumentó a través de agentes regulares de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con acciones abiertamente ilegales o enmascarados bajo supuestas órdenes judiciales. También contó con la colaboración de agentes irregulares vinculados a dicho organismo y al Ministerio de Seguridad de la Nación y un nicho de magistrados de la justicia federal”, sostiene el informe de la Bicameral.
Para los integrantes de la comisión, el vértice de la coordinación estuvo ocupado por la llamada “mesa judicial”, que actualmente investiga el fiscal federal Franco Picardi. Estos actores que habrían estado abocados al plan de inteligencia ilegal se valieron, según la Bicameral, de un método: el lawfare o la guerra judicial contra la política y los movimientos populares. “La información de interés, así obtenida, era producida y entregada con el fin de manipular a la opinión pública a través de la utilización de periodistas que, a la vez, se sirvieron de aquellas en un cuestionado libre ejercicio de la libertad de prensa al amparo de la protección constitucional del secreto de sus fuentes de información”, detalla.
Las estrategias para el espionaje fueron variadas, afirman en el informe:
* La interceptación indebida de comunicaciones a través de la apertura de causas o de precausas –como sucedió en el caso de Oscar Parrilli y que sirvió para diseminar sus conversaciones con CFK–.
* La instalación subrepticia de receptores de audio y video en las salas de abogados en las cárceles donde estaban detenidos los presos kirchneristas. Estos procedimientos se realizaron –según se acreditó en la justicia federal de Lomas de Zamora– tanto en el penal de Ezeiza como en la alcaidía bonaerense de Melchor Romero, donde, según declararon un par de espías, planeaban llevar detenidos a Hugo y Pablo Moyano.
* La infiltración en organizaciones sociales –como surge de la investigación llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla sobre las llamadas bases AMBA de la AFI.
* El seguimiento de personas. De esta práctica hay múltiples ejemplos en la causa de Lomas de Zamora, que van desde la vigilancia a CFK hasta la desplegada sobre Rodríguez Larreta, Graciela Camaño, Nicolás Massot, Emilio Monzó e incluso la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, Salvatore Pica.
* La observación fílmica y fotográfica in situ, como quedó en claro con el espionaje en el Instituto Patria.
* La utilización de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad, a las que accedían los agentes de la AFI, por ejemplo, con ocasión de las cumbres mundiales del G20 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
* El ingreso no autorizado a bases de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o de la Dirección Nacional de Migraciones, que investiga el juez federal Sebastián Ramos en Comodoro Py.
