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La cuestionada titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, debutó en los pasillos de Comodoro Py como imputada, donde se negó a declarar y presentó un escrito. Se encuentra acusada por presunto encubrimiento de negociaciones incompatibles con la función pública por parte del ex Ministro de Energía – y ex CEO de Shell- Juan José Aranguren. ¿Le esperan más imputaciones por haber avalado negociados del Grupo Macri, durante estos últimos cuatro años?
La Argentina comienza a ponerse de pie. La cuestionada titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien durante estos cuatro años de gestión macrista operó como una suerte de Comisaria Política del empresario-presidente Maurio Macri, de quien dijo públicamente estar enamorada, debutó en los tribunales de Comodoro Py, como imputada por presunto encubrimiento de negociaciones incompatibles con la función pública por parte del ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Si bien se negó a declarar, y presentó un escrito ante el juez Luís Rodríguez, la funcionaria macrista, que estuvo acompañada por su abogada Marta Nercellas, es muy posible que enfrente a futuro otras denuncias por supuesto encubrimientos de negocios turbios tanto del Grupo Macri como de funcionarios y ex funcionarios macristas, como así también por acciones violatorias de la Ley, como las prisiones preventivas a dirigentes políticos, sociales y empresarios.
Algunos de las operaciones que llevó a cabo el Grupo Macri en estos cuatro años, por las que Laura Alonso deberá responder
La impunidad de los funcionarios macristas, y sus negocaidos durante estos cuatro años, comienza a llegar a su fin. Son varios lo hechos a investigar. En el caso de Laura Alonso, más temprano que tarde, deberá responder por los negociados en Autopistas del Sol, donde se le reconoció al Grupo Macri un “llamativo” resarcimiento de 500 millones de dólares y se le renovó el contrato por la Panamericana sin justificación alguna. A esta situación se le debe agregar un inaudito aumento de los peajes. Tras estas ventajas que recibió Mauricio Macri, las acciones de Ausol multiplicaron su valor por 40 y ahí el Grupo Macri –o sea Mauricio Macri– vendió su parte. Alonso ni objetó ni se presentó como querellante en el expediente en el que se investiga semejante negociado.
Otro caso, guarda relación con los parques eólicos. La empresa Isolux, tradicional socia del Grupo Macri, había ganado la licitación por seis parques eólicos en Chubut. Sin embargo, la compañía española estaba en una fuerte crisis por las denuncias de corrupción en su país de origen y no desarrolló cinco de los seis parques. En esa circunstancia apareció el habitual contador del Grupo Macri, Mariano Payaslián, y armó varias sociedades que compraron los parques, una operación que debió ser impedida por el estado comandado por Macri justamente por los incumplimientos de Isolux. Lo cierto es que las sociedades compraron los parques en 25 millones de dólares y vendieron cinco a una empresa china y uno a una empresa argentina en 73 millones. O sea, el Grupo Macri, escudado en sociedades constituidas en Luxemburgo, se quedó con 48 millones de dólares en un pase de manos. Nada dijo Alonso sobre el tema.
También ante la mirada quieta de la titular de la OA se hizo el acuerdo en el que, según denunció la fiscal Gabriela Boquín, se intentó perdonarle al Grupo Macri casi toda la deuda del Correo. Se trató de «un acuerdo ruinoso para el Estado». Alonso fue denunciada por su inacción.
Qué dijo Alonso en su escrito
En una declaración de quince páginas, Laura Alonso defendió el accionar de la Oficina Anticorrupción en el caso Aranguren y, sobre todo, afirmó que el ex Ministro de Energía no cometió ningún delito. La estrategia de defender la figura del ex funcionario tiene sentido. Es porque la suerte judicial de Alonso depende de la de Aranguren. Si él no cometió ningún delito, no hay delito posible de haber sido encubierto. En concreto, lo que tiene que demostrar la Justicia es si hubo conflicto de intereses y si esa incompatibilidad luego devino en una violación a la ley. Es decir, se tiene que comprobar que el ex Ministro artífice y férreo defensor de los tarifazos benefició directamente a Shell con sus decisiones desde la función pública.
La causa data del año 2016, cuando los Diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade presentaron una denuncia penal en la que señalaban que la ex directora de Poder Ciudadano hizo caso omiso a las advertencias que habían ingresado formalmente por la ventanilla de la OA, un mes antes de la decisión de la compra de gas a Chile a la empresa Royal Dutch Shell Plc. Además, la demanda hacía hincapié en las acciones por trece millones de pesos que tenía Aranguren en la empresa de la que había sido presidente.
Fuentes consultadas: P/12, La Nación, Télam, Ministerio de Hacienda.
