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Un informe de la AGN señala que la deuda en 2016 se registró de forma «incompleta, imprecisa y contradictoria». Para cancelar el pasivo con los holdouts se emitieron u$s12.500 millones pero solo se registraron pagos por u$s9.926 millones. El monto residual no se utilizó para los fines que autorizó el Congreso.
Luego de los fuertes cuestionamientos que la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo a las cuentas de inversión de 2016 y 2017, el organismo elaboró un relevamiento sobre la deuda contingente. Se trata de pasivos públicos sujetos a un suceso de ocurrencia eventual pero de carácter obligatorio. Uno de los focos fue el caso de los holdouts. El documento al que pudo acceder Ámbito, afirma que la registración volcó “información incompleta, imprecisa y contradictoria”. En esa línea, se remarca que no se cumplieron las prácticas del Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas a las que Argentina adhiere. El resultado fue una emisión de deuda en dólares mayor a la que el gobierno de Mauricio Macri necesitaba para cancelar el reclamo en efectivo.
Los analistas consultados por este medio comparan a la deuda contingente con la parte de abajo de un iceberg: “No se ve pero siempre está”, dicen. Por eso resulta fundamental una registración completa y precisa del fenómeno que clarifique los posibles escenarios económicos y financieros. Algo que según el informe del organismo de control, que ya fue rubricado por los auditores y será publicado en las próximas horas, no sucedió durante el ejercicio 2016.
Justamente el cierre de ese período es el que impactó de lleno en el cálculo de cuánto se debía emitir con el objetivo de cancelar la deuda originada en el juicio de los holdouts, es decir, los acreedores que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010. No son pocos los economistas que señalan al pago en efectivo a los llamados “Fondos Buitres” como el hecho que marcó el comienzo de un ciclo de endeudamiento que culminó con el préstamo más grande de la historia por parte del Fondo Monetario Internacional a Argentina en 2018. El proceso en cuestión fue analizado en detalle por el organismo de control. Una decena de hallazgos permiten concluir que no se cumplieron los criterios de buenas prácticas de análisis de endeudamiento a los que el país adhiere a nivel internacional.
De la documentación expuesta surge que las emisiones realizadas con fundamento en la Ley 27.249, fueron superiores a lo que se necesitaba para saldar el reclamo de los holdouts. En la normativa sancionada por el Congreso se autorizaron u$s12.500 millones pero luego en el Sistema Integrado de Información Financiera solo se registraron pagos por u$s9.926 millones. Es decir que hay un monto residual de más de u$s2.159 millones que no se utilizó para los fines indicados en el proyecto que aprobó el Poder Legislativo.
Por lo que el gobierno de Macri no solo pagó en efectivo el 100% de una sentencia cuestionada por distintos organismos internacionales, por la que había negociaciones en curso, sino que además realizó una emisión superior a las necesidades de financiamiento. La ley sancionada por el Congreso solo la había habilitado para el pago a los buitres.
Fuente: ámbito.com
