Tras una persistente campaña lanzada por el Partido Justicialista, quien tomó la posta de denunciar la intención del gobierno nacional de modificar el recuento previsional de votos (acción que luego convalidó el gobierno de coalición PRO-UCR a través de un decreto), la Cámara Electoral Nacional (CEN) desechó los deseos oficialistas de intentar llevar adelante un fraude electoral en el recuento de votos, a través de una dura acordada que reproducimos al final de la nota. La alianza Cambiemos se vio obligada a emitir otro decreto, en el que da cuenta que dicha modificación será puesta en marcha en las próximas elecciones legislativas del 2021.
Luego de la denuncia realizada por el Partido Justicialista (orden nacional), ratificada durante su congreso nacional del mes pasado, distintos partidos políticos de la oposición también se sumaron a las protestas y denuncias ante la Cámara Electoral Nacional (CEN), ante las modificaciones dispuestas a través de un decreto, de los artículos 45,54 y 55 de 2019, que alteraban la normativa electoral y que habían sido publicados en pleno enero para que pasaran totalmente desapercibidos.
Estos cambiaban la votación de los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, así como para las personas privadas de su libertad y también en el caso de las fuerzas de Seguridad abocadas a custodiar los comicios. Antes del decreto, los 100 mil militares afectados a la custodia de las urnas no podían votar y tras la decisión de Macri lo harían entre siete y doce días antes. Los 4 mil presos habilitados para votar sí podían sufragar pero lo hacían el mismo día de la votación. Macri había dispuesto que lo hicieran previamente, en el mismo plazo que las fuerzas de Seguridad encargadas de la elección. Por último, los residentes en el extranjero votaban hasta ahora en el consulado más cercano y el Gobierno pretendía que pudieran votar por correo. Debían enviar su voto en un sobre sin identificación y un mecanismo de identificación en otro sobre separado. Esta decisión afectaba potencialmente a 360 mil residentes en otros países pero según fuentes oficiales sólo 14 mil personas ejercieron su derecho en 2017. Todos los votos anticipados serán contabilizados recién en el escrutinio definitivo. El PJ objetó que no podrán fiscalizar ni hacer ningún control de las identidades a la hora de votar.
Pero además, los decretos modificaban otro punto clave: la documentación probatoria que debía elaborarse el día de la votación, lo que podía afectar la realización tanto del escrutinio provisorio como el definitivo. De tres papeles que debían confeccionarse, todo quedaba reducido a un “acta de votación”, que sería escaneada y transmitida de manera electrónica desde los centros de votación al centro de cómputos. Así dejarían de existir el “acta de apertura y cierre”, y el “certificado de escrutinio”, que llevaba la firma tanto de las autoridades de mesa como de los fiscales. El nuevo documento que pretendía el gobierno, denominado “Acta de Votación”, sólo sería rubricado por las autoridades de mesa, sin intervención de los fiscales de los partidos. “Si no tenés elementos en papel suscriptos por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios no tenés elementos de prueba para hacer el escrutinio definitivo en la Justicia”, alertó a este diario uno de los participantes de la reunión de Consejo Consultivo que realizaron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera a fines de marzo.
Finalmente, el gobierno de coalición PRO-UCR vio frustrado su deseo de llevar adelante dichas modificaciones, que hubieses llevado a un «fraude institucionalizado» de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre de ese año, donde finalizará el mandato del oficialismo, que a través de la aplicación de sus políticas económicas sumió en la pobreza e indigencia al pueblo argentino.
La Cámara Nacional Electoral Nacional (CEN) dispuso preservar el actual sistema de recuento provisional de votos con documentación controlada por los partidos:
http://file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AE_013-19%20(1).pdf