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Estalla otra megacausa de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. La confesión de un narco que operaba en el conurbano bonaerense, dejó al descubierto otra red de espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, empresarios, sacerdotes y jueces. Al frente de la investigación, se encuentra el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
La causa está bajo secreto de sumario, pero a partir de una serie de allanamientos en el marco de una investigación ligada al narcotráfico, se logró recolectar material fotográfico y fílmico, que implica la punta de un ovillo de un nuevo escándalo de espionaje ilegal, durante el gobierno radical/macrista de la alianza Cambiemos.
Todo comenzó cuando Sergio Rodríguez, apodado “Tomate” o “Verdura”, un capo narco que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría, confesó. Era buscado por las fuerzas de Seguridad, desde diciembre de 2018, y había conseguido eludir tres allanamientos, gracias a la protección policial con la que contaba, y que también se investiga. El 20 de febrero pasado, ya sin el amparo de los espías de la AFI macrista, fue cercado y decidió entregarse ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En su declaración indagatoria, confesó su relación con una red de espionaje que hacía inteligencia ilegal sobre políticos, empresarios, jueces, sindicalistas y periodistas.
Las identidades de las supuestas víctimas de espionaje no fueron reveladas pero, según aseguraron a LA NACION fuentes judiciales, en la lista hay expresidentes, diputados nacionales y provinciales, jueces, dirigentes de organizaciones sociales, empresarios, sindicalistas, intendentes y gobernadores, entre otros
Una oscura trama que incluye el traslado de una supuesta bomba cerca del Congreso Nacional
Sergio “Tomate” o “Verdura” Rodríguez, según las fuentes consultadas por el matutino La Nación, sostuvo que para expandir su negocio narco se había puesto en contacto con un abogado de Lanús que mantenía vínculos con una barra brava. Describió cómo era el estudio del abogado y su fisonomía. Y afirmó que el letrado le aseguró que era agente de las AFI y que desde el organismo le podía dar cobertura.
«Rodríguez dijo que el abogado le prometió una credencial de la AFI para que pudiera moverse en libertad. Pero, a cambio, le pidió que lleve un paquete a un edificio de la avenida Callao, cerca del Congreso de la Nación. También le preguntó si estaba en condiciones de matar a alguien por encargo», explicó un informante a La Nación
El sindicado narco sostuvo que para dejar el paquete lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. En el viaje advirtió que se trataba de una bomba, pero la persona que manejaba el vehículo le explicó que no podía explotar, que solo era para asustar a alguien. Él cumplió con su parte del trato.
Con la información aportada por Rodríguez, el juez Villena abrió una línea de investigación sobre el abogado, cuya identidad se mantiene en reserva. «Se logró determinar, en primer lugar, que efectivamente se trataba de un agente de la AFI; en segundo lugar se determinó que tenía un Peugeot 208 blanco (modelo similar 207 del que hizo referencia el narco) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol. Ante estos serios indicios que corroboraban en parte los dichos del detenido, se ordenaron discretas tareas de seguimiento del letrado», afirmó una fuente del caso.
Por cuestiones que se desconocen, el abogado se enteró de la investigación e interpuso un hábeas corpus en un juzgado en lo criminal y correccional porteño. «Ante la urgencia y el riesgo serio e inminente de pérdida de prueba valiosa para la investigación se ordenó el allanamiento en los domicilios del agente de la AFI. Se pudo secuestrar su teléfono celular», agregaron las fuentes consultadas.
En el teléfono celular del abogado los investigadores habrían descubierto conversaciones donde se hablaba de tareas de espionaje interno y, además, se encontró un documento guardado como «sustoo.doc», que tenía una descripción del hecho del artefacto explosivo al que había hecho referencia Rodríguez
A partir del secuestro del teléfono celular, el juez Villena y la fiscal Incardona ampliaron la investigación. «Se realizaron distintos procedimientos y allanamientos que aportaron pruebas de diversa importancia. Prueba que permite establecer una hipótesis inicial sobre la cual investigar una posible organización criminal, dentro del Estado nacional, dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley. Que como posibles damnificados se encuentran decenas de personas y organizaciones: jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y expresidentes de la Nación [sic]. Que la prueba aún no ha sido analizada en su totalidad, y que la causa se encuentra en secreto de sumario», dijo un detective al tanto de la investigación.
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