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La Justicia laboral determinó un embargo por $40 millones a la compañía aérea LATAM por el incumplimiento en el aporte que la empresa debía realizar por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Luego de que la empresa anuncie su determinación de cesar sus operaciones en la Argentina como consecuencia de la pandemia, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) radicó una denuncia ya que desde hace varios meses la compañía no realizaba el aporte a la entidad sindical que está establecido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo.
A raíz del reclamo del gremio de pilotos, el Juzgado N°33 a cargo de la doctora Marina Pisacco resolvió el embargo preventivo sobre una cuenta que tiene la compañía en un banco de capitales privados con el objetivo de obtener los recursos impagos por el incumplimiento de aportes convencionales.
«Así como previamente el Ministerio de Trabajo intimó el pago de los salarios adeudados, y luego rechazo el Procedimiento Preventivo de Crisis ilegalmente presentado, ahora es la Justicia la que le señala a LAN que debe cumplir con sus obligaciones», difundió APLA en un comunicado.
Desde el inicio de la cuarentena, la empresa había decidido reducir el 50% del salario de los trabajadores y luego dispuso un retiro voluntario que tomaron al menos 800 de sus empleados. También había solicitado la apertura del procedimiento preventivo de crisis (PPC).
Los gremios aeronáuticos habían reclamado que se rechazara el PPC, que se obligara a la compañía a abonar el proporcional salarial desde abril –a partir de ese mes pagó el 50% de los sueldos- y que se normalizase la Federación que los nuclea (FAPA) con el propósito de contar con una herramienta más sólida para hacer frente al conflicto.
Además la semana pasada el Gobierno rechazó la apertura del procedimiento preventivo de crisis con el que la línea aérea planeaba despedir con indemnizaciones reducidas a sus 1.715 trabajadores y puso como argumento la vigencia del decreto que prohíbe las cesantías hasta el 31 de julio.
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que encabeza Gabriela Marcelló, negó la apertura del PPC. El fundamento pasó por la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/2020 que estableció la prohibición de despidos y suspensiones unilaterales en el contexto de la pandemia.
