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Si la ley Bases (“ley ómnibus”) es aprobada en el Senado, la nueva regulación dejaría en la mira del Gobierno a un total de 125.000 empleados que actualmente cuentan con estabilidad plena porque están bajo el amparo de la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sumados a los 55 mil de planta transitoria, el universo de empleados públicos en riesgo se elevaría a 180.000.
La media sanción obtenida en Diputados ya ingresó al Senado. De lograrse la aprobación definitiva del megaproyecto, habilitaría al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de 125.000 trabajadores, que eventualmente podrían ser despedidos. Se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado.
Es que el megaproyecto que obsesiona al oficialismo señala en el artículo 52 del Capítulo IV la modificación del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco) por la siguiente redacción: “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».
Durante ese período, los empleados deberán recibir la capacitación que se les imparta o cumplir tareas en servicios tercerizados del Estado. «Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional«, señala la normativa.
Fuentes oficiales señalaron a este medio que los contratos están siendo revisados en el marco de la auditoría que el Gobierno lleva adelante desde el inicio de la gestión de Milei. Y apuntan que «cada área va a evaluar la continuidad de sus empleados». Sin embargo, aseguran que aquellos que «tengan responsabilidades o cumplan tareas seguirán trabajando».
En el caso de que el empleado sea despedido, estará habilitado a percibir una indemnización por sus años de trabajo, la cual contemplará un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
Los organismos que podrían verse afectados por la aprobación de la ley Bases
La modificación de la Ley Marco es complementaria de la aplicación, en caso de aprobarse, del artículo 3 de la ley Bases que faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, eliminar competencias o funciones, reorganizar, transformar la estructura jurídica, disolver parcial o totalmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otros puntos.
La normativa excluyó del universo de organismos afectados por el artículo a «las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan».
En el caso de otros organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el INCUCAI y la CNV, se dispuso que no podrán ser disueltos, por lo que el Gobierno quedará habilitado para reorganizarlos, modificarlos o eliminar competencias. Lo mismo ocurrirá con el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
De esta manera, la aprobación de la ley Bases habilitaría al Gobierno a disponer la continuidad o el despido de un universo de 125.000 empleados de planta permanente que se encuentren realizando tareas en dichas dependencias y en otras áreas del Estado. En paralelo, continuarán en revisión los más de 55 mil contratos de empleados de planta transitoria, un grupo que se ha visto afectado desde el inicio de la gestión de Milei con cerca de 13 mil despidos.
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