Luego de diez días de rebelión popular, protagonizada por distintas organizaciones indígenas en Ecuador, el presidente Lenin Moreno se vio en la obligación de dar marcha atrás con el decreto 883/2019, que impuso un brutal ajuste al precio de las combustibles. Una derrota política que no solo marca un probable final del gobierno neoliberal en ese país. También es un freno a las políticas de ajuste que dicta el FMI en esta región.
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se vio en la obligación de aceptar los reclamos de las organizaciones indígenas que protagonizaron una masiva rebelión popular en Ecuador, durante diez días.
“Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo decreto”, anunció el coordinador de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral.
Terminó el paro indígena en Ecuador: Nuevo decreto reemplazará al 883
El Gobierno Nacional y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo que finaliza el paro nacional que había caotizado el país por 11 días. Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el N° 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará el nuevo decreto entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas, con mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
“Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador. Nos comprometemos a restablecer la paz en todo Ecuador”, así lo leyó el funcionario de la ONU, Arnaud Peral, que participó como mediador.
El acuerdo se firmó tras cuatro horas, transmisión realizada mediante televisión y redes sociales. Los mediadores se declararon dispuestos para iniciar de inmediato la redacción del nuevo decreto que reemplazará el que eliminaba el subsidio a la gasolina y el diésel.
Tras la lectura del acuerdo, Jaime Vargas volvió a intervenir y pidió nuevamente la renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín. Finalmente, por la libertad, dijo que se levanta la medida de hecho en todo el país.
Un severo Lenín Moreno, en su primera intervención como primer mandatario, propuso que comisiones de diálogo armen un nuevo decreto perfeccionado, en referencia al 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. No hagamos el juego a quienes dejaron destrozado el país.
De su lado, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo que no venimos a conformar comisiones; el pedido del país, no es del movimiento indígena, el pedido es la derogatoria del decreto, “si esto se decide aquí, el país se tranquiliza en este momento”.
El dirigente indígena Leonidas Iza dijo que le están dando mucho crédito a Correa. Con respeto digo que es un acto de irresponsabilidad creer que la inconformidad que se escucha en las calles es solo de correístas.
Han pasado 12 días en que el país ha perdido, dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Si se deroga, beneficiaríamos a las mafias, a los contrabandistas y los más ricos. Son dólares que se van de la economía ecuatoriana.
Durante la negociación, Moreno no respondió a las peticiones.
Tras el anuncio, Moreno tuiteó: “una solución para la paz y para el país: el gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, argumentó en la mesa de diálogo que los subsidios “terminan beneficiando a los contrabandistas y a los más ricos”, e indicó que la decisión “busca rencauzar al país. No podemos seguir haciendo las cosas a punta de deuda.
El detonante de las protestas, que comenzaron el día 3, fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. Desde hace una semana, el galón (3.79 litros) de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.
Tras la aplicación de la medida, el gobierno autorizó un incremento de 10 centavos de dólar en el pasaje del transporte público, suspendió el traslado de petróleo por el principal de sus dos oleoductos, y aseguró que la ocupación de varios pozos petroleros en la Amazonia han tenido pérdidas por 12.8 millones de dólares, lo que representa 31 por ciento de su producción.
Moreno, quien trasladó la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, respondió a los disturbios decretando el estado de excepción y toques de queda de las ocho de la noche a las cinco de la mañana, que se aplica en los alrededores de instalaciones gubernamentales.
El decreto de los combustibles se mantuvo en vigencia a partir del primero de octubre, pero la presión y las manifestaciones callejeras diarias en todo el país lograron echarlo abajo. Según el gobierno, la eliminación de los subsidios buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.
Desde que empezaron las protestas, al menos siete personas murieron, mil 340 resultaron heridas y mil 152 fueron detenidas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo.
Durante esta jornada, miles de manifestantes salieron a las calles de Quito, en desafío al toque de queda y la militarización impuestos el sábado por Moreno, en el día 11 de paro contra el paquetazo.
El ejército había levantado parcialmente las medidas de emergencia en la ciudad, pero resaltó que seguirían vigentes en la zona norte de Quito, cerca de los puntos de conflicto. Sin embargo, tras el anuncio del gobierno y la Conaie, esta medida queda inhabilitada.
Por la mañana, miles de personas se manifestaron pacíficamente, con música y la consigna “ni una bala más”, mientras grupos de encapuchados bloquearon calles y se enfrentaron con la policía frente a la Contraloría, la Asamblea Nacional y otras zonas de la capital.
Decenas de uniformados llegaron al parque El Arbolito, donde lanzaron gas lacrimógeno para expulsar a los manifestantes. Voluntarios, médicos y paramédicos asistieron a mujeres y niños que resultaron heridos al salir de la Casa de la Cultura, sitio de concentración de los manifestantes.
José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró en entrevista con la agencia de noticias Ap que “detrás del intento de desestabilización a la democracia están fuerzas externas de Venezuela, Colombia y del ex presidente Rafael Correa”. Agregó que solicitó para el próximo martes una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.
Mientras se desarrollaba la negociación, María Paula Romo, ministra del Interior, tuiteó que un grupo de “vándalos” incendió nuevamente las oficinas de la Contraloría y que unas 500 personas habían desafiado barreras policiales en diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, medios locales no reportaron el hecho. El sábado, un grupo de encapuchados prendió fuego y saqueó la Contraloría y hubo ataques similares al canal de televisión Teleamazonas y el diario El Comercio.
Casi todos los vuelos de salida de Quito fueron cancelados el fin de semana. Además, la presidenta de TeleSur, Patricia Villegas, anunció que la cadena recuperó la señal, luego de que fue interrumpida casi 24 horas.
António Guterres, secretario general de la ONU, celebró el diálogo entre el gobierno y los líderes del movimiento indígena. El papa Francisco hizo un llamado a la paz:”Comparto el dolor por los muertos, heridos y desaparecidos. Aliento los esfuerzos por la paz social” en todo el país.
Fuente: La Jornada, Nodal