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La decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), de desconocer el fallo de la Justicia federal que suspende la presencialidad desató una ola de denuncias en las que Larreta está acusado de distintos delitos.
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este miércoles por distintos delitos, luego de que resolviera no acatar el fallo que le ordenó suspender las clases presenciales ante la segunda ola de coronavirus, mientras desde distintos sectores cuestionaron la postura del Ejecutivo porteño.
El martes por la noche, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la Justicia porteña en el expediente abierto por el tema de las clases presenciales.
Así, envió la causa a la Corte Suprema, lo cual dejó sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno nacional y a favor de la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña.
En ese marco, la Corte le devolvió a Furnari el expediente de la inhibitoria planteada por el Estado Nacional contra la medida de la Cámara porteña, para que trate los recursos de apelación planteados por las partes en las causas sobre las que el magistrado resolvió por la competencia acerca del tema de las clases presenciales.
Ahora Furnari debe decidir si concede o no las apelaciones de los actores en la causa donde se reclaman las clases presenciales y en las cuales, precisamente, se cuestiona la intervención del juez federal, informaron fuentes judiciales.
En tanto, al menos cuatro eran las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados mientras que la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini, informaron a Télam fuentes judiciales.
Carreras pidió al Juzgado Federal 1 que investigue al jefe de Gobierno por «resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia«.
Las denuncias
Por otro lado, las dos primeras denuncias del miércoles por los delitos de «violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad» quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.
Una de ellas la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno porteño «ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)», según el texto al que tuvo acceso Télam.
Otra de las denuncias que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini la presentó el abogado Daniel Valmaggia por «instigación a cometer delito, abuso de autoridad» y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.
Otra denuncia presentada en el transcurso de la mañana fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció a Rodríguez Larreta por «propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes».
Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Por su parte, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por «asonada» en una presentación que quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini.
Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el jefe de Gobierno porteño «está incurriendo en un delito de desobediencia» y opinó que el fallo del juez Furnari «es una decisión que (el Gobierno porteño) debe acatar, así como acató la decisión de la justicia local, ahora debe acatar la decisión de la justicia federal».
Sobre el conflicto también se expresó la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, quien consideró que “no se puede privilegiar un fallo de un juez incompetente por sobre un fallo de un juez competente” y recordó que «no obedecer la decisión judicial tiene consecuencias jurídicas previstas en el Código Penal”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, indicó que es “increíble que no comprendan lo que está pasando en el mundo, y la región, que está desbordada, con los países del primer mundo entrando a la tercera ola”.
Agregó que “quieren seguir forzando un sistema que no da para más» y planteó que «hay que recorrer cualquier hospital para ver qué está pasando con las guardias y el colapso de las camas”.
Mientras tanto, los gremios docentes UTE y Adenys continúan este miércoles con el paro de actividades en la ciudad de Buenos Aires para rechazar la decisión del Gobierno porteño de retomar la presencialidad.
Desde el lado porteño, el procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarioa, afirmó que la decisión del juez Furnari “no es un acto jurisdiccional válido” y por eso «las escuelas se van a mantener abiertas» hasta que falle el máximo tribunal.
«El fallo se pronuncia en exceso de las jurisdicciones. No se respetan las normas procesales. Implica un abuso de autoridad y no es un acto jurisdiccional válido», dijo Astarloa en declaraciones a Todo Noticias (TN).
Con información de Télam
