Lula frenó por decreto las privatizaciones de Petrobras, logística Correios, la Empresa Brasileña de Comunicación y restableció el Fondo Amazonia

En el primer día de su tercera gestión, el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva,firmó también la normativa que derriba los decretos con secretos de cien años que había dictado su antecesor sobre varios temas.

El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva lanzó el mismo día que asumió (domingo 1° de enero), una serie de ‘decretazos’ para detener desde el inicio de su gestión las políticas públicas con la marca del exmandatario Jair Bolsonaro, entre los cuales la suspensión de la política de flexibilización para la adquisición de armas y el inmediato retiro del programa de privatizaciones de la petrolera Petrobras y la de logística Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), la red de medios públicos.

Según informó en un comunicado el equipo de prensa de Lula, también se restableció el Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania que había sido despreciada por el gobierno de Bolsonaro destinada al desarrollo productivo de las comunidades amazónicas.

El principal decreto de Lula fue el que suspendió el registro de nuevas armas para que adquieran los civiles, suspendió la autorización para la apertura de nuevos clubes de tiro hasta nueva reglamentación y redujo de seis a tres el número de armas que puede tener un civil en su casa.

Lula además firmó la reglamentación para pagar 120 dólares del plan social Bolsa Familia con adicional de 30 dólares por hijo a cada trabajador sin ingresos registrados, en el marco de una enmienda constitucional que logró aprobar antes de su asunción con acuerdo del Congreso.

En el primer día, además de poner en funciones al gabinete, Lula firmó la normativa que derriba los decretos con secretos de cien años que había dictado Bolsonaro sobre varios temas, entre ellas su libreta de vacunación y las visitas al Palacio del Planalto y el Palacio de la Alvorada (residencia oficial).

Lula determinó a la abogacía del gobierno evaluar el tenor sigiloso de esos documentos antes de darlos a conocer.